Representante de Venezuela

Caracas, 3 julio (RHC) El canciller de Venezuela, Yván Gil, consideró hoy muy difícil establecer alguna cooperación técnica con la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, mientras persistan en su posición parcializada de protección al extremismo de derecha.

A través de su cuenta en la red social X, el alto diplomático afirmó que este sector opositor “pretende seguir cercenando los derechos de los venezolanos”.

Gil denunció de nuevo en su mensaje la instrumentalización del Consejo de Derechos Humanos (DDHH), “ante la insolente presencia del fascismo venezolano” en esa instancia.

Denunció que estos están amparados y protegidos por un sistema sesgado, que actúa como Comando de Campaña de los apellidos que quemaron personas vivas y promovieron invasiones a la República Bolivariana.

El represente de Venezuela en el Consejo de DDHH, Alexander Yáñez, al intervenir señaló que el documento presentado allí no es otra cosa que un “panfleto propagandístico cuidadosamente redactado para animar a la oposición fascista”, algunos de los cuales, dijo, estaban presentes en la sala.

Se refirió a ellos como los que quemaron personas vivas, incendiaron escuelas, asesinaron a venezolanos, y subrayó que “vinieron hacer campaña con su informe”.

Yáñez enfatizó que su país no reconoce el documento presentado por el Alto Comisionado porque su “mandato obedece a una resolución elaborada por Estados Unidos y sus subordinados” y cuya nefasta política es provocar el cambio de régimen.

Manifestó que el texto fue confeccionado con “una metodología errática, basado en informaciones políticamente motivadas, que lo descalifica por sí mismo”.

El embajador estimó insólito que la Oficina del Alto Comisionado considerará que “fueron detenidos de manera arbitraria” un grupo de terroristas mercenarios estadounidenses, contratados por la oposición para asesinar al presidente Nicolás Maduro, y resultaron capturados en flagrancia con armas de guerra.

Además de pedirle al Gobierno venezolano que no aplique la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y la financiación del terrorismo y pretender minimizar el grave daño a los Derechos Humanos del pueblo por las sanciones criminales impuestas por la Casa Blanca, señaló.

Eso es inadmisible y nada de ello tiene justificación alguna, opinó, y enfatizó que mientras persista esta actitud de agresión contra Venezuela «será muy difícil restablecer la cooperación” con esa Oficina, como era la voluntad de las autoridades de la República Bolivariana.

El Gobierno venezolano ordenó en febrero último la expulsión de Caracas del personal adscrito a la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por “su actitud claramente sesgada y parcializada”.

Maduro anunció en abril la reapertura de dicha oficina y se mostró dispuesto a superar las diferencias, en el contexto de una visita al país del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan.