La gestión de Sandra Pettovello está en consonancia con las políticas de ajuste
y saqueo del gobierno de Javier Milei. (Foto:Izquierda Web)
Buenos Aires, 13 jul (RHC) El juez federal Walter Lara dispuso que el Ministerio argentino de Capital Humano debe garantizar el derecho a la alimentación de quienes asisten a comedores populares, informó este sábado el diario Página 12.
En respuesta a un amparo colectivo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y el Centro de Estudios Legales y Sociales, Lara advirtió que esa cartera del Estado, cuya titular es Sandra Pettovello, tiene que cumplir de manera «cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna» con los programas de asistencia social vigentes.
Señaló aemás que esa entidad debe presentar un reporte mensual sobre las políticas implementadas.
«Los comedores funcionan como una red de contención a la que recurren personas de carne y hueso que integran los grupos socialmente vulnerables y los segmentos particularmente empobrecidos de la población, los cuales requieren, sin demoras, cuidados especiales», señala el texto del fallo.
A través de su perfil en la red social X, el dirigente de Argentina Humana, Juan Grabois, resaltó que se trata del octavo juez federal que da la razón a las organizaciones sociales y sindicales que reclaman la entrega de alrededor de seis mil toneladas de alimentos retenidas por el Ejecutivo en almacenes.
En mayo pasado, Sebastián Casanello ordenó al Ministerio presentar un informe con la cantidad de productos alimenticios que mantiene guardados y un plan de distribución inmediato, el cual fue incumplido.
Poco después, la Central de Trabajadores de Argentina-Autónoma (CTA-A) y otras agrupaciones presentaron un pedido de juicio político contra Pettovello, quien no asistió al Congreso a rendir cuentas ante los legisladores como le fue solicitado.
Si bien la gestión de Pettovello está en consonancia con las políticas de ajuste y saqueo del gobierno de Javier Milei, la retención de alimentos es una de las mayores crueldades registradas en Argentina en estos últimos 40 años de democracia, señala el documento presentado por la CTA-A y entidades afines. (PL)
