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Bogotá, 13 nov (RHC) Los miembros del antiguo secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo (FARC-EP) respondieron este miércoles a la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia de imputarlos por reclutamiento forzado y otros crímenes contra menores.

En un comunicado divulgado en redes sociales, los exguerrilleros aseguraron que se concentrarían con los equipos de defensa en el estudio y revisión del asunto, al tiempo que aseguraron que continuarán dando respuesta a los requerimientos del órgano de justicia transicional.

“Como actores involucrados en el largo conflicto armado, entendemos que cumplir nuestros compromisos ante las víctimas y la jurisdicción es parte del camino hacia la no repetición y reconciliación que tanto necesita Colombia”, afirmaron en el documento.

En consecuencia, añadieron, como lo declararon desde los diálogos en La Habana, reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a las filas de menores de edad durante, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas FARC-EP.

También insistieron en que los jueces han dispuesto de manera excesiva de tiempo y recursos investigando hechos cuya ocurrencia ya admitieron desde las pláticas de paz.

“Hemos renunciado expresamente a la presunción de inocencia sobre lo ya reconocido, en beneficio de las víctimas. El único obstáculo es que la Jurisdicción aún no aprueba un reconocimiento único y la agrupación de todos los hechos dispersos”, comentaron.

Concluyeron pidiendo que sea esta igualmente esta la oportunidad para hacer un llamamiento a todos los actores que participaron en el conflicto para trabajar en pro de la prevención y la no repetición y a asumir la responsabilidad de estos hechos que, aun con la firma del Acuerdo de Paz final, se siguen repitiendo en los territorios.

La justicia transicional imputó hoy por reclutamiento forzoso de menores a Rodrigo Londoño, actual presidente del partido Comunes, Jaime Parra, Milton Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo.

Esa entidad aclaró que, de haber sanción contra los señalados, esta debe ser consultada con las víctimas, debe tener un propósito reparador y puede incluir restricciones efectivas de la libertad y otros derechos.