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Santiago de Chile, 26 nov (RHC) La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes un proyecto que modifica la Ley 21.325 y endurece las medidas contra los migrantes, el cual pasará al Senado para la continuidad de su tramitación.
La normativa amplía las causales para una expulsión e incluye la violencia intrafamiliar, el porte ilegal de armas, la explotación sexual y otros delitos.
Además, permite la revocación de permisos de residencia a quienes cometan faltas reiteradas que atentan contra la convivencia, como riñas, ruidos molestos o venta ambulante.
En el debate, algunos legisladores del Frente Amplio y del Partido Comunista manifestaron sus discrepancias sobre varios artículos, entre ellos el que prioriza la educación de los estudiantes nacionales por sobre los extranjeros.
También expresaron su desacuerdo con la propuesta de ampliar de cinco a 10 años el período de residencia en el país para obtener la nacionalidad.
Aún así el proyecto fue aprobado por unanimidad.
Una carta firmada por 120 personalidades y organizaciones humanitarias, entre ellas la Corporación Humanas y el Colectivo sin Fronteras, advierte que estas modificaciones vulneran los derechos de los extranjeros, especialmente de mujeres, niños y adolescentes.
Según esas agrupaciones, las medidas violan garantías reconocidas en la Constitución y pactos y tratados suscritos y ratificados por el Estado chileno.
Mencionaron entre ellos la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares.
“La ley es una regresión en las garantías de los migrantes. La incorporación de causales amplias y de difícil determinación para expulsiones, pudieran exacerbar la xenofobia”, advierte el texto.
Agrega que la normativa prevé sanciones a quienes asistan a migrantes en situación irregular, atenta contra el acceso al trabajo de estas personas, condiciona la atención médica a estar enrolado en el Registro Civil, entre otras medidas.
“Hacemos un llamado como organizaciones de la sociedad civil a rechazar estas modificaciones, que violan principios fundamentales de derechos humanos y el respeto a la dignidad y protección de las personas migrantes”, señala la misiva. (PL)
