Foto tomada de Prensa Latina

La Habana, 30 nov (RHC) La confirmación que el exmandatario Jair Bolsonaro conocía del plan elaborado por militares para asesinar al entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022, agitó Brasil en semana que termina hoy.

Según el informe desclasificado de la Policía Federal (PF), también los uniformados golpistas pretendían eliminar al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal.

De acuerdo con el documento policial entregado a De Moraes, relator del caso, las pruebas reunidas demuestran inequívocamente que Bolsonaro «planeó, actuó y tuvo el dominio de forma directa y efectiva de los actos ejecutorios realizados por la organización criminal».

El grupo tenía como objetivo la concreción de un golpe de Estado y la abolición del Estado Democrático de Derecho.

La PF precisa que el complot no ocurrió solo por hechos «ajenos a la voluntad» del exgobernante (2019-2022).

En conjunto, la indagación enumera ocho episodios para señalar el papel del exjefe del Ejecutivo en el intento golpista y afirma que la tentativa solo no fue adelante por la negativa de los comandantes del Ejército y la Aeronáutica en ese momento, además la mayoría del alto mando del Ejército no se sumó al golpe.

Además, la pesquisa apunta a la participación en «acciones de presión al comandante del Ejército».

La fuerza de orden público cita la denominada Carta al comandante del Ejército de Oficiales Superiores de la Activa del Ejército Brasileño, que, según las averiguaciones, fue elaborada y difundida con «la ciencia y autorización de Bolsonaro».

Finalmente, De Moraes envió a la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) el informe de la pesquisas sobre los episodios antidemocráticos.

El juez puso al desnudo el secreto del contenido, pero lo mantuvo para la delación premiada del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro.

Trascendió que será para febrero la decisión de la PGR sobre si inculpar o no al político ultraderechista y a otras 36 personas acusadas por el supuesto plan de golpe de Estado.

Con el texto policial en sus manos, la Fiscalía podría archivar el caso, presentar imputación o pedir más indagaciones.

Si se denuncia, De Moraes podrá aceptar la acusación y habrá una acción penal. La causa suma 28 años de cárcel. (Fuente: Prensa Latina)