Madrid, 11 ene (RHC) Bajo una amplia cobertura mediática comenzó en Palma de Mallorca el juicio por presuntos delitos fiscales contra la infanta Cristina, su esposo, Iñaki Urdangarín, y otros 16 acusados en el llamado caso Nóos.

La hermana del rey Felipe VI se convirtió este lunes en el primer miembro de la familia real española en sentarse en el banquillo de los acusados, tras una investigación de más de cinco años sobre el Instituto Nóos, apunta Prensa Latina.

Esa entidad sin ánimo de lucro fue presuntamente usada por Urdangarín y su exsocio Diego Torres para desviar unos seis millones de euros de fondos públicos.

La Fiscalía Anticorrupción pide más de 100 años de cárcel para 14 de los acusados, 19 de ellos para el esposo de Cristina de Borbón y otros 16 para Torres.

La hermana del monarca se enfrenta a una petición de ocho años de prisión como por cooperar con el fraude fiscal, una solicitud que formuló el sindicato Manos Limpias, única acusación del proceso que ejerce acciones penales en su contra.

Urdangarín deberá responder por presunta prevaricación, fraude, tráfico de influencias y blanqueo, entre otros delitos.

Parte del dinero desviado se transfirió a una empresa propiedad de él y de la infanta y fue hipotéticamente utilizado para fines personales, como pagar facturas de aparcamiento o financiar fiestas de cumpleaños de sus hijos.

El matrimonio, que tiene cuatro hijos, negó haber cometido irregularidad alguna.

Manos Limpias, una entidad ultraderechista, considera que el papel de Cristina fue imprescindible para que su esposo defraudase hasta un total de 337 mil 138 euros al fisco correspondientes a los años 2007 y 2008 mediante la empresa Aizoon, propiedad de la pareja.

Durante la instrucción, el juez José Castro consideró que existían sobrados indicios de que Cristina de Borbón dispuso y gastó dinero público desviado a una sociedad pantalla que poseía al 50 por ciento con su cónyuge.

Tras la exposición de las cuestiones previas en presencia de todos los acusados, en los días posteriores el tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma (islas Baleares), decidirá si juzga a la hermana del rey o la exime en aplicación de la llamada doctrina Botín.

Los jueces resolverán si se aplica a la infanta la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2007 referida al banquero Emilio Botín, la cual establece que, en el procedimiento abreviado, no puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular.

El juicio por el caso Nóos, una de las grandes causas por presunta corrupción de la historia judicial española, dañó en su momento la imagen de la realeza y fue uno de los factores que contribuyó en 2014 a la abdicación del rey Juan Carlos I en favor de su hijo Felipe.