Minsk, 13 ene (RHC) El Grupo de Contacto para el arreglo del conflicto ucraniano acordó en Minsk, la capital de Bielorrusia, en su primera reunión del 2016, reiniciar el intercambio de prisioneros entre el gobierno de Kiev y las insurgentes Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.

Daria Ólifer, portavoz del ex primer mandatario Leoníd Kúchma, representante de Ucrania en las negociaciones, confirmó que las partes acordaron liberar a más de 50 personas de ambos bandos tan pronto como sea posible.

A su vez la defensora del pueblo de la República Popular de Donetsk, Daria Morózova, confirmó que la lista de detenidos, recibida de Ucrania el seis de enero último, incluye a 36 personas, entre civiles, mujeres ajenas al conflicto y jóvenes, quienes si participaron en el diferendo.

Por su parte, la cámara legislativa de la República de Crimea instó a Ucrania a cumplir sus obligaciones y desarmar a los grupos irregulares que realizan atentados terroristas en la frontera entre ambos territorios.

"Llamamos a Ucrania a respetar rigurosamente sus obligaciones para luchar contra el terrorismo, desarmar a las formaciones ilegales y adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la preparación de atentados contra la república de Crimea", expresa el texto aprobado en la sesión parlamentaria.

Tras el golpe de estado en Kiev del 22 de febrero de 2014, Crimea se separó de Ucrania y solicitó la reunificación con Rusia en un referendo que contó con un respaldo del 96.77 por ciento de los votantes (83 por ciento del padrón electoral), iniciativa que fue aceptada por Moscú.

Esa península fue parte de Rusia entre 1783 y 1954, cuando el Partido Comunista de la Unión Soviética decidió colocarla bajo jurisdicción de la entonces República Socialista de Ucrania.

Recientemente, el Congreso de los Tártaros de Crimea (Medzhlís), cuyos jefes se marcharon a Ucrania tras la reunificación con Moscú, anunciaron la creación de un batallón musulmán voluntario que integran 650 efectivos, según Lenur Isliamov, autodenominado coordinador del bloqueo alimentario y energético contra la península.

La entrega de electricidad desde la sureña ciudad ucraniana de Jersón a Crimea quedó interrumpida bruscamente el 22 de noviembre último cuando las torres de alto voltaje de las cuatro líneas que alimentaban a ese territorio fueron derribadas con explosivos por esos comandos y elementos ultranacionalistas.

Un millón 600 mil personas quedaron a oscuras y las autoridades tuvieron que declarar un estado de emergencia energética que perdurará al menos hasta el 1 de mayo próximo como resultado de esa acción subversiva, según informó el líder de Crimea, Serguei Aksyonov.

En estas circunstancias, los diputados crimeos exigieron hoy en su declaración que Kiev garantice la detención y persecución penal de los elementos implicados en el terrorismo.

Por su parte, la fiscal republicana, Natalia Poklónskaya, aseguró que la creación de un batallón de voluntarios armados en la región ucraniana de Jersón, fronteriza con Crimea, constituye un delito del código penal de Rusia.

Advirtió la titular del Ministerio Público que se recopila toda la información al respecto para entregarla al Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Moscú.