Panamá, 20 ene (RHC) La huelga de los técnicos de la salud en Panamá arribó este miércoles a su séptimo día sin solución, mientras esos trabajadores esperan el pronunciamiento del presidente del país, Juan Carlos Varela, sobre sus exigencias salariales.
En la presente jornada fueron dispersados por la policía un grupo de manifestantes que, en apoyo a los técnicos, bloquearon el paso en una carretera en la región de Azuero.
Mientras, el vocero de la protesta, Luis Chávez, informó a la prensa que continuarán las acciones de fuerza, pues el gobierno panameño incumple con los acuerdos firmados desde noviembre último, cuando incrementó las remuneraciones a las enfermeras y excluyó al resto del personal técnico.
Recientemente representantes de la huelga se reunieron con una comisión gubernamental y no hubo entendimiento, a pesar de que el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, aseguró que la solicitud de un ajuste salarial sería evaluada y el resultado se entregaría al primer mandatario de la nación centroamericana.
Se divulgó que la junta directiva de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó al Parlamento la destitución del magistrado Harry Díaz por considerar "faltas graves" sus denuncias públicas sobre supuestas irregularidades en la institución.
La carta firmada por los presidentes de la CSJ José Ayú Prado, y de las salas Civil y de lo Contencioso Administrativo, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, respectivamente, fue entregada en la Asamblea Nacional tras la negativa de la Comisión de Credenciales de ese órgano para analizar el asunto sin denuncia previa.
"Haré frente a esas y otras denuncias", dijo Díaz al diario La Prensa, y anteriormente aseguró públicamente que estaba a disposición de los parlamentarios para sostener ante ellos sus declaraciones.
El magistrado en sendas entrevistas la semana anterior con La Prensa y el canal Telemetro, puso ejemplos de la participación del anterior mandatario Ricardo Martinelli en asuntos internos de la Justicia.
Igualmente cuestionó la forma en que fue reelecto recientemente Ayú Prado, lo que sugiere intervención del actual Gobierno en la CSJ que es independiente por la separación de poderes establecidos por la Constitución.
Explicó que renunció a sus aspiraciones de presidir el Supremo en el bienio 2014-2015, tras la convocatoria al despacho del entonces gobernante, donde éste le pidió que desistiera.
"Pero Harry, yo te estoy pidiendo el favor, yo necesito que tú te bajes, es que yo necesito que sea (Alejandro) Moncada Luna", le dijo Martinelli y según el magistrado le respondió: "Presidente, ¿usted está en algo ilícito? ¿por qué quiere a un megacorrupto como Moncada?"
Y el entonces mandatario afirmó: "Porque él va a hacer cosas que ustedes no quieren hacer".
El expresidente de la CSJ Moncada Luna cumple actualmente cinco años de prisión y fue destituido el año pasado por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos.
En tanto, la solicitud de destitución contra Díaz presentada ante el Parlamento, señala que su colega infringió el numeral 22 del artículo 191 de la Ley 53 de 2015, la cual señala como "grave" que los servidores judiciales "falten de palabra, por escrito o de obra, el respeto a sus superiores, inferiores o iguales o censuren injustificadamente su conducta oficial".
Entre los argumentos incluyeron además, que el magistrado puso en peligro la causa que lleva la CSJ contra el expresidente Ricardo Martinelli, de la cual es el fiscal, pero fue recusado por la defensa del acusado.
Múltiples reacciones de juristas, diputados, políticos y miembros de la sociedad civil coincidieron en que la Asamblea tiene la obligación de investigar las denuncias de Díaz y resolver la crisis que cuestiona el prestigio de la administración de justicia.