Caracas, 20 ene (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a una gran alianza nacional que permita superar la emergencia económica en ese país y contribuya a la creación de una cultura productiva.
En el acto de instalación y juramentación del Consejo Nacional de Economía Productiva incluyó Maduro a empresarios y gobernadores de derecha entre los 45 miembros que conforman el Consejo de Seguridad, el cual desde este miércoles comienza a trabajar para combatir la guerra económica y defender los derechos constitucionales del pueblo.
El jefe de Estado venezolano afirmó que decidió conformar un grupo de trabajo mixto con el objetivo de fomentar el diálogo político a favor de una economía productiva, e independizar al país del rentismo petrolero, que en gobiernos capitalistas se priorizó en detrimento de la sociedad.
También manifestó el primer mandatario su deseo de que la Asamblea Nacional venezolana apruebe el Decreto de Emergencia Económica, presentado el viernes último, el cual se basa en el desarrollo de áreas productivas como el sector de los hidrocarburos, petroquímico, agroalimentario, minería, telecomunicaciones e informática, entre otros.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) certificó la constitucionalidad del Decreto de Emergencia emitido por el presidente venezolano Nicolás Maduro para acabar con el deterioro de la economía en todo el país.
De acuerdo con la sentencia del TSJ, la iniciativa del mandatario resulta necesaria para que el Estado cumpla con uno de sus deberes fundamentales: la protección de los ciudadanos y de la seguridad nacional en materia económica.
Según el comunicado del máximo órgano judicial del país, el Decreto no restringe ninguno de los derechos fundamentales prescritos por la Carta Magna vigente y cumple con los tratados internacionales firmados por la República Bolivariana de Venezuela.
El presidente Maduro propuso ante la Asamblea Nacional esta medida el 14 de enero, con el propósito de acabar con el robo de bienes de primera necesidad, la carestía, la inflación inducida y el contrabando de divisas que promueven la derecha y laceran el bolsillo de los ciudadanos comunes.
El Decreto contempla, además, el fin de la dependencia hacia la renta petrolera y la diversificación de la industria nacional, para sustituir importaciones.
La víspera el jefe de Estado juramentó un consejo extraordinario que velará por el recto cumplimiento de estas directrices y que tiene como cabeza visible al vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz.
Mientras empresarios venezolanos valoraron de positiva la instalación del Consejo Nacional de Economía Productiva y expresaron su voluntad de trabajar en conjunto con el actual Gobierno para resolver los problemas de la nación.
Según el director de la Asociación Nacional de Graniteros de Venezuela, Arnoldo García, con el establecimiento del Consejo comienza en el país un proceso para aumentar las capacidades productivas y abandonar la dependencia hacia el petróleo.
García, presidente de la empresa Canteras y Mármoles, declaró que es factible exportar desde Venezuela productos competitivos, como así los demuestra la labor de su compañía.
Por su parte, Franz Añañoz, jefe de la embotelladora de refrescos Big Cola, dijo que existe un consenso entre muchos propietarios del país para combatir el desabastecimiento de recursos y reactivar la producción nacional, pero añadió que para lograrlo es necesario sustituir la materia prima importada por nacional así como adquirir tecnología de punta.
El representante de la empresa textil Rosbirt, Norberto Macedo, también dio su apoyo a la iniciativa gubernamental y señaló que con el concurso de todos los venezolanos es posible enfrentar la guerra económica promovida por la derecha.
Expresó además, que desde el sector textil, esperan tener las herramientas necesarias para "capitalizar el nuevo reto que se nos presenta".
