Ciudad Guatemala, 29 ene (RHC) Opiniones divergentes prevalecen en Guatemala a raíz de la aprobación de una ley sobre la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, la cual pretende reducir los constantes secuestros con fines de explotación sexual.

Al respecto, expresaron a la prensa las diputadas Sandra Morán y Nineth Montenegro que el proyecto, legitimado la víspera en el Parlamento, es el resultado del trabajo de varios años de las organizaciones de mujeres en Guatemala, pues el tema de las desapariciones es de emergencia.

No obstante, la normativa ha generado controversia en parlamentarios, consultores y algunos ciudadanos de Guatemala, quienes calificaron de discriminatoria la proclamación del estatuto por estar enfocado en un sector de la población, cuando el país se encuentra afectado en sentido general por los secuestros y la criminalidad.

La ley, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario de Centroamérica, establece estrechar los vínculos entre el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional Civil y otras instituciones en la búsqueda de mujeres desaparecidas, así como crear un registro de agresores juzgados y sentenciados y un banco de ADN de los casos procesados en ese orden.

También se divulgó por parte de la Cancillería que Guatemala será sede de la cuarta Reunión Especializada de la Celac, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para la lucha contra la Corrupción.

Mediante un comunicado, el Ministerio de exteriores de ese país centroamericano señaló que el encuentro fijado para enero del 2017 se realizará en virtud de un acuerdo adoptado en la recién concluida Cuarta Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del bloque regional.

De acuerdo con ese documento se trabajará para fortalecer la reciprocidad, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el uso de nuevas tecnologías entre los 33 estados miembros del organismo regional.

La designación de Guatemala como sede de la cita constituye un reconocimiento internacional a ese país, donde el pasado año las movilizaciones sociales contra la corrupción llevaron a la renuncia del presidente y la vicepresidenta, Otto Pérez Molina, y Roxana Baldetti, respectrivamente, y al apresamiento de unos 600 funcionarios públicos.