Buenos Aires, 1 feb (RHC) Trabajadores, dirigentes y militantes de Argentina acordaron un paro total en protesta contra los despidos injustificados en dependencias del Banco Central de ese país.
También presentó de manera oficial el gremio de bancarios una denuncia en el Ministerio de Trabajo por esos despidos, y reclamó la inmediata reincorporación de los cesanteados.
Asimismo la dirigencia de la Asociación de Trabajadores del Estado analiza convocar este mes un paro nacional en repudio a la política laboral del actual gobierno argentino, dirigido por el presidente Mauricio Macri.
En tanto, las personas suscritas a las clínicas privadas prepagas en Argentina enfrentan un nuevo aumento en sus cuotas mensuales de nueve por ciento, pues las empresas locales del sector de la salud justifican que esa medida busca atenuar el efecto de la devaluación impulsada por el gobierno nacional.
Por otra parte, informó el ministro argentino de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que luego de implementar la nueva tarifa eléctrica en el país, el Ejecutivo de Buenos Aires evalúa los pasos legales correspondientes para aumentar las tarifas del gas subsidiadas por el gobierno anterior.
Mientras el poder ejecutivo argentino aceptó mantener el subsidio a la producción de petróleo en especial para Chubut y así evitar un agravamiento de la crisis que significaría en esa sureña provincia el despido de cinco mil trabajadores.
El gobierno del presidente Mauricio Macri aceptó el reclamo del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y del sindicato de petroleros del sector privado, y mantendrá el apoyo financiero a la actividad aunque durante seis meses en espera de lo que suceda en el mercado internacional.
Al término de la reunión esta noche en la Casa Rosada en la que también participaron empresarios de esta industria, Das Neves dijo que se garantizarán los puestos de trabajo y por seis meses no habrá despidos, y en 30 días volverán a encontrarse.
El acuerdo se adoptó para hacer frente al desplome del precio internacional del barril del crudo que permitirá garantizar los puestos de trabajo por al menos seis meses en Chubut, una de las principales productoras de hidrocarburos en Argentina.
También se divulgó que cuando se implementa la nueva tarifa eléctrica en Argentina con aumentos previstos de más de 700 por ciento, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, confirmó que analizan un esquema similar en el gas.
Aranguren señaló en declaraciones a la prensa que están "haciendo un análisis similar al que hicimos en el sistema eléctrico", pero advirtió que en el gas el precio de la tarifa sería menor al aplicado a la electricidad.
El ministro señaló que evalúan "los pasos procesales correspondientes desde el punto de vista legal" para aumentar las tarifas del gas que también estuvieron subsidiadas por el gobierno anterior aunque en los dos últimos años -dijo- inició un incremento al uso adicional.
Según Aranguren en Buenos Aires y en el conurbano bonaerense que concentra a casi la mitad de la población del país las tarifas estuvieron congeladas desde 2002, no así en el interior, por lo que están evaluando un ajuste nacional.
El titular de Energía y Minería defendió de nuevo los aumentos en el costo de la electricidad y rechazó que el tarifazo se fuera a reflejar en las negociaciones de los nuevos contratos salariales con los sindicatos.
En la defensa de esos incrementos, dijo que el gobierno se fijó como meta la pobreza cero y en ese sentido busca "cuidar el bolsillo de los argentinos, lo que significa tener en cuenta el impacto en el presente y las consecuencias en el futuro" de las tarifas que servirán para reinversión y mejorar el servicio.
Varios dirigentes sindicales cuyos gremios están próximos a iniciar las negociaciones de los nuevos contratos laborales, que en Argentina llaman paritarias, dijeron que su reclamo salarial estará acorde con el alza de la inflación y ahora de los servicios.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) líderes como Hugo Moyano (camioneros) dijo que para ellos la paritaria debe tener un piso del 30 por ciento, mientras Pablo Michelli, cabeza de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma elevó la varilla a 40 por ciento para comenzar a negociar.
Hasta ahora el gobierno viene diciendo que el futuro ascenso salarial no debe superar el 25 por ciento, ya que eliminó el impuesto a la ganancia, pero en realidad eso beneficia a un segmento menor del 10 por ciento de los trabajadores que cobra 30 mil pesos o más al mes (dos mil 160 dólares).
La inmensa mayoría del 90 por ciento de los asalariados no pagan ese tributo.
El diario La Nación reporta este lunes que los dirigentes de las tres alas de la CGT se reunirán próximamente para evaluar los primeros pasos de las negociaciones paritarias.
A algunos de ellos el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, les propuso un acuerdo semestral con aumentos de 15 por ciento primero y otro del 10 por ciento.
Hasta el momento, los sindicatos no aceptaron ni rechazaron la oferta pero, con el aumento de tarifas, la situación se complica para la administración de la Alianza Cambiemos.
Incluso, sindicalistas cercanos al gobierno como Luis Barrionuevo adelantan que no aceptarán topes antes del comienzo de las paritarias.
"Está claro que tendremos en cuenta, además de la inflación, las últimas subas en la luz, el combustible y lo que falta por venir", dijo Barrionuevo, cabeza de una de las secciones de la CGT y del rico sindicato de gastronómicos y hoteleros.
