Quito, 10 feb (RHC/PL) El presidente de Ecuador, Rafael Correa, instó a defender la justicia, la legitimidad y el bien común ante intentos de sectores de oposición de utilizar un caso de error administrativo para promover actos desestabilizadores.

La Procuraduría General del Estado solicitó debitar 41 millones de dólares que el Ministerio del Ambiente pagó de más al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), por la compra de unos terrenos en la ciudad de Guayaquil.

El mandatario precisó que las irregularidades en la compra-venta se detectaron en 2013 y el reciente dictamen del Procurador solo pretende rectificar un error en un caso que atañe solo a dos instituciones públicas, mientras el Issfa y sectores de la oposición utilizan el hecho para politizarlo.

Se trata de un problema menor, en cualquier democracia, en cualquier país, advirtió Correa y cuestionó la ética de los militares que se pronuncian solo por defender a su entidad en lugar de a la Patria.

El mandatario recordó que el Estado mantiene al Issfa pues aporta ocho de cada 10 dólares de la pensión mensual de cada militar retirado y reconoció una deuda con la institución de aproximadamente 260 millones de dólares.

La propuesta realizada al Issfa fue descontar de ese monto los 41 millones que el gobierno pagó en exceso, hecho que no afectaría la situación financiera de una entidad a la cual en nueve años el presente gobierno entregó mil 957 millones de dólares, solo en subsidios y sin contabilizar aún 2015.

Rafael Correa denunció que se trata de distorsionar, manipular y politizar un problema puntual entre dos instituciones con el propósito de desestabilizar al gobierno y previó que este solo será un intento entre varios por venir, debido al deseo de sectores opositores de volver al viejo país, neoliberal y polarizado.

El problema es más de fondo, esto representa la lucha entre el nuevo país y el viejo país, sostuvo el jefe de Estado ante cientos de ciudadanos que se movilizaron en apoyo a su gobierno de la Revolución Ciudadana, en la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.

A salir a defender la Revolución Ciudadana cuantas veces sea necesario, en la lucha del pueblo nadie se cansa, aseveró y acto seguido tomó una bandera ecuatoriana por el asta en sus manos para ondearla.

En 1998, el Issfa compró al Ministerio de Defensa los citados terrenos en unos 58 millones 500 mil sucres (moneda nacional en la época), equivalente a nueve mil dólares entonces, sin embargo, años después vendieron la mitad de ellos al gobierno en 48 millones de dólares, según criticó Correa.

Para el estadista esto fue una estafa al pueblo ecuatoriano y clamó por la igualdad de derechos al interior de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del pueblo en general, pues ningún sector debería estar por encima de otro.

Tengan la plena seguridad de que lo que hemos hecho, recuperar esos valores, 41 millones pagados de más, se ajustan perfectamente a la ley, a la Constitución, a la justicia, al bien común, al bien de todos los Por su parte, el ministro de Defensa de Ecuador, Fernando Cordero, denunció la pretensión de politizar una ilegalidad cometida en la compra-venta de unos terrenos a la Fuerzas Armadas por parte del Estado.

La Procuraduría General detectó la violación y solicitó debitar 41 millones de dólares que el Ministerio del Ambiente pagó de más al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), por la compra de unos terrenos en la ciudad de Guayaquil.

Cordero rechazó que el desembolso vaya a provocar la quiebra de la institución o poner en riesgo la seguridad social de los militares, como aseguraba el alto mando castrense, que fue destituido el pasado viernes por el presidente de la República, Rafael Correa, tras inmiscuirse en un asunto netamente administrativo.

El ministro recordó que el Issfa es subvencionado por el Estado, quien aporta ocho de cada 10 dólares que un militar retirado recibe por mes, mientras el Isfaa apenas contribuye con dos.

De acuerdo con el titular de la cartera, en nueve años al poder el actual Gobierno Nacional entregó mil 957 millones al Isfaa, solo como subsidio, y aún falta liquidar el año 2015.

Todos los rumores de que el Isfaa está en riesgo, de que va a quebrar, de que hay un frente para defender a las Fuerzas Armadas, es pura politiquería, sostuvo Cordero y advirtió que cuando se quiere manipular se deja de lado la legitimidad.

A su criterio, personas con deseos de ser próximos candidatos a legisladores o a cualquier otra autoridad, pretenden convertir en un problema político un tema profesional, interno, militar, administrativo en la mayor parte de sus componentes.

Estamos defendiendo el principio de la legalidad, de la no violación de la Constitución y la ley por parte de cualquier funcionario, comentó en reunión con medios de prensa acreditados en este país suramericano.

También, refutó cualquier rumor de desestabilización interna y aseguró que las unidades militares están en absoluta tranquilidad.

El ministro recalcó que el presente gobierno impulsó el año pasado una reforma constitucional, vía enmienda, para que tanto las pensiones del seguro social civil como militar estén garantizadas por todos los gobiernos a futuro, a partir de la propia Constitución.