Tegucigalpa, 8 mar (RHC) El ambientalista mexicano, Gustavo Castro, testigo del asesinato de la dirigente social hondureña Berta Cáceres denunció que los sicarios quienes cometieron ese crimen continúan en libertad.

A través de una carta abierta, advierte el también presidente de la organización no gubernamental Otros Mundos Chiapas que el escenario del homicidio, ocurrido el último jueves, fue modificado y que teme por su vida en Honduras.

En la misiva, insiste además el activista mexicano en que el gobierno hondureño pretende alegar ante la opinión pública que el crimen se debe a conflictos en el entorno de la luchadora social, cuando debía enfocarse en las demandas contra quienes amenazaron de muerte a la líder indígena.

Asimismo expresa Gustavo Castro que el Ejecutivo local intenta socavar la memoria de Berta Cáceres, así como el honor y la lucha del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras por la defensa de la vida, los territorios y de los derechos humanos.

Policías antimotines bloquearon las calles aledañas a la Casa Presidencial de Honduras ante la amenaza de protestas de grupos feministas y de manifestantes opositores al Gobierno.

Según anunció Proceso Digital, organizaciones de mujeres llegarán hasta la sede del Ejecutivo para exigir el esclarecimiento del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, asesinada la semana pasada por dos hombres encapuchados.

Además, el Bloque Popular anunció que protestará fuera de la Presidencia, donde se posicionó un fuerte dispositivo de la fuerzas del orden.

Asimismo, en varias calles de la capital se registraron protestas y en las instalaciones del Ministerio Público en San Pedro Sula, a unos 200 kilómetros de Tegucigalpa, un grupo de mujeres protestaron para exigir el fin de la impunidad y los crímenes violentos sobre las féminas.

Mientras el Senado uruguayo aprobó una moción en la que exige justicia por el asesinato de la líder hondureña Berta Cáceres a manos de hombres encapuchados la semana pasada.

Aprobada por la mayoría de los legisladores de las distintas corrientes políticas, la resolución exhorta al Gobierno de Honduras, al Parlamento y al Poder Judicial a que "se adopten medidas urgentes para encontrar a los responsables de este crimen".

La declaración exige respeto y seguridad "para quienes, al igual que Berta Cáceres, entregan sus vidas en defensa de los derechos para todos".

Envió, asimismo, condolencias "al pueblo de Honduras, a la familia de Berta, sus compañeros de lucha y amigos".

La víspera, organizaciones y movimientos sociales uruguayos repudiaron ante el Consulado de Honduras en Montevideo el asesinato de la luchadora social hondureña.

En una carta entregada en la legación diplomática y dirigida a las autoridades del país centroamericano, los manifestantes demandaron que el "atroz asesinato no quede impune" y llamaron a investigar, se juzgue y castigue a los culpables.

Pidieron, además, que se den todas las garantías a la vida y a los derechos del Pueblo Lenca, del que Berta fue una de sus líderes, así como a los miembros de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Las organizaciones y movimientos sociales uruguayos instaron a las autoridades hondureñas a "poner fin de inmediato a la persecución y criminalización de quienes defienden los derechos humanos y la naturaleza".

Lilian Celiberti, coordinadora del colectivo feminista Cotidiano Mujer, dijo que el caso de Berta Cáceres no es el único asesinato de una defensora de los derechos humanos y llamó a estar alertas a todos los movimientos para no solo brindar solidaridad, sin también aunar energías para exigir justicia. Recordó que la defensora del Pueblo Lenca tenía una medida cautelar por las sucesivas amenaza recibidas, por lo que consideró "muy grave ese asesinato".

Nos sentimos solidarias con ella por ser una líder indígena, por ser mujer, y sobre todo, por ser una luchadora en la defensa de los derechos humanos, significó.