Tegucigalpa, 10 mar (RHC) Varios sectores de Honduras criticaron el veto del presidente Juan Orlando Hernández a la reforma de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, iniciativa que exoneraría del pago a los trabajadores con bajos ingresos.

En declaraciones a medios locales, explicó Obdulio Hernández, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio, que el veto del primer mandatario es ilegal porque la constitución hondureña establece que la negativa debe realizarse en los diez días posteriores a su aprobación en el Congreso, en tanto ya pasaron tres meses.

Por su parte, justificó el gobierno de Honduras que el decreto no correspondía con las negociaciones efectuadas en el parlamento unicameral el último año, pues las exenciones previstas por el Ejecutivo para los trabajadores rondaban los 36 millones de dólares y el proyecto presentado a los diputados superaba los 104 millones.

Al respecto, declaró el ministro coordinador general de Gobierno, Jorge Ramón Hernández, que la reforma podría afectar las finanzas públicas, los programas sociales, y varias obligaciones estatales.

El presupuesto para las campañas políticas en Honduras podría aumentar hasta 20 por ciento con la inscripción de nuevos partidos, informó el Tribunal Supremo Electoral.

Hemos analizado el reglamento de financiamiento y si se inscriben siete partidos el presupuesto será mayor, precisó el magistrado Marcos Ramírez.

Según precisó a medios locales, el Estado hondureño tiene la obligación de financiar las campañas y procesos electorales.

Esta semana trascendió que siete nuevas formaciones políticas buscan entrar en la boleta de las elecciones generales previstas para noviembre de 2017.

En los últimos comicios participaron nueve fuerzas, de las cuales dos -Alianza Patriótica Hondureña y Frente Amplio Político Electoral en Resistencia- no lograron un dos por ciento de votos ni puesto alguno en el Congreso Nacional.