Buenos Aires, 14 mar (RHC) La dirigente de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, denunció que la quieren expulsar de la provincia argentina de Jujuy, mientras continúa retenida en la Unidad Penitenciaria de Alto Comedero.
Durante un encuentro en ese centro penal con diputadas, dirigentes gremiales y de los derechos humanos, manifestó la líder indígena que el gobernador de ese departamento, Gerardo Morales, le envió un mensaje en el cual le informa que para ser liberada tiene que marcharse de esa zona.
Además advirtió Milagro Sala que Morales quiere destruir la organización Tupac Amaru, en tanto expresó su preocupación por la campaña de difamaciones en su contra, ante la cual está imposibilitada defenderse y a contestar por encontrarse en prisión desde el 16 de enero último.
La también diputada del Parlamento Sudamericano fue detenida luego de acampar durante un mes frente a la Casa de gobierno provincial en protesta por las medidas implementadas para el registro de cooperativas, y aunque inicialmente se le acusó de instigación a cometer delitos y tumulto, luego las autoridades locales le sumaron causas como fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión.
Se divulgó también que la inflación que se disparó en los últimos tres meses en Argentina golpea a los sectores de menos ingresos.
Un estudio socio-económico realizado por especialistas del Consejo Nacional De Investigaciones Científicas Y Técnicas (Conicet) revela que el impacto de las medidas económicas es más fuerte en la clase baja y media que han visto reducir su poder adquisitivo 24 por ciento en los últimos cinco meses, en especial durante los primeros 90 días del gobierno de Mauricio Macri.
El portal El Destape destaca que el alza en las tarifas, alimentos, productos del hogar, la devaluación y la quita de retenciones a sectores del agro dieron como resultado una mayor inflación que la que tenía el país en 2015.
Para peor, el impacto de este nuevo plan económico se siente más cuanto más bajo uno se encuentra en la pirámide social, asevera el estudio del CONICET.
Los expertos concluyeron que la suba de los alimentos, el incremento de los alquileres y el tarifazo a los servicios públicos significan un aumento promedio ponderado del 52,9 por ciento interanual del índice inflacionario.
La investigación, realizada por Demian Panigo, Sergio Rosanovich, Fernando García Díaz y Pilar Monteagudo, estudia el impacto de las medidas en el alza de precio y discrimina según los estratos más altos o más bajos de la sociedad; es decir, según quienes tienen mayores o menores ingresos.
Advierte que la clase media no será beneficiada por la modificación del Impuesto a las Ganancias o la devolución del denominado impuesto IVA sobre la mercadería.
Para no perder poder adquisitivo estos sectores requerirán incrementos salariales en torno al 40 por ciento, muy lejos del 25 por ciento calculado por el Gobierno, calcula el Conicet.
De acuerdo con el estudio, la caída de poder adquisitivo de todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires fue, en promedio, 16,3 por ciento de noviembre a marzo.
Sin embargo, los números difieren cuando se segmenta la población según ingresos. Así, los sectores de altos ingresos perdieron 11 por ciento desde que comenzó este nuevo ciclo económico, mientras los sectores más desfavorecidos sufrieron una merma del 23,8 por ciento de su poder de compra.
Los investigadores del Conicet advierten sobre la necesidad de compensar con medidas de salario indirecto para retrotraer la situación.
Lo argumentan así a partir de que el Gobierno Nacional plantea usar el salario real como ancla de la inflación, de la misma forma que antes la administración anterior usó las tarifas congeladas y el dólar para frenar la escalada inflacionaria.
Sin embargo, el panorama no parece muy alentador, ya que una de las medidas propuestas por la Casa Rosada, el aumento del mínimo no imponible de Ganancias, apenas alcanza a los salarios medios y altos y no a las clases populares.
El estudio señala que la devolución de IVA para los productos de la canasta básica tendrían un impacto muy acotado ya que el 90 por ciento del dinero que ingresa a esas familias vía Asignación Universal por Hijo se gasta en efectivo, no mediante tarjeta de débito inusual en la economía popular.
