Buenos Aires, 17 mar (RHC) Trabajadores de Argentina continuaron por segundo día consecutivo un paro general en rechazo a los más de 50 000 despidos de empleados estatales en los últimos tres meses y contra los anuncios del gobierno de Mauricio Macri de nuevas cesantías para las próximas semanas.

A la convocatoria realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado se sumaron varias organizaciones sociales que exigieron la reincorporación de empleados despedidos, la reapertura de las negociaciones paritarias, además de solicitar que el ministerio de Modernización regularice la situación de los trabajadores del Estado.

La víspera, informó el representante de la Asociación de Trabajadores del Estado bonaerense, Oscar de Isasi, que la protesta se cumplirá de manera general por 48 horas, en tanto anunció el juez federal de La Plata, Luis Arias, una medida cautelar que exhorta al gobierno de la ciudad a no cerrar la negociación entre las partes.

También se divulgó que los diputados argentinos dieron media sanción al acuerdo de pago a los fondos buitre, no sin antes introducirle cinco modificaciones al proyecto que evalúa el Senado.

Para lograr que el anteproyecto superara la Cámara de Diputados donde fue aprobado por 165 a 86, con cinco abstenciones, el Ejecutivo que preside Mauricio Macri aceptó cambios propuestos por bloques de la oposición.

El proyecto original de la Casa Rosada no fijaba cifras para el endeudamiento, pero a pedido del Bloque Justicialista de Diego Bossio y el Frente Renovador de Sergio Massa, el oficialismo aceptó incluir un tope de 12 mil 500 millones de dólares.

Según precisó el ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay, el total estimado que se necesitará para cumplir con el pago en efectivo es de 11 mil 684 millones.

Igualmente, se introdujo que todos los préstamos que sean tomados con ese fin deben ser destinados exclusivamente para el pago a los bonistas litigantes. En caso de que llegase a haber algún excedente, deberá ser imputado a la autorización de endeudamiento en el Presupuesto 2016.

Los legisladores consiguieron también incluir una cláusula para evitar un futuro revés judicial fuera del país.

El equipo ejecutivo, apurado por obtener el aval del Congreso, aceptó que se condicione el pago a los "holdouts" a que la Cámara de Apelaciones de Nueva York tenga un fallo favorable para el país y deje sin efecto los amparos que prohíben emitir deuda a Argentina.

Sin embargo, y pese a las críticas planeadas desde adentro del oficialismo, la iniciativa prorroga la jurisdicción extranjera para la resolución de los litigios contra esta nación.

Al mismo tiempo, para evitar la situación que el país vivió con los fondos buitre y los canjes 2005 y 2010, la oposición impulsó la obligación de que los nuevos bonos sean emitidos con las cláusulas de acción colectiva para cubrir al país frente a nuevas demandas.

El objetivo es impedir que algún tenedor de títulos utilice con la nueva toma de deuda la estrategia inaugurada por los "holdouts" en los tribunales de Estados Unidos.

Así, en caso de que el país disponga un canje de deuda, el artilugio legal fuerza a que todos los acreedores deban tomar la propuesta de pago argentina si al menos el 66 por ciento de ellos la acepta, que es uno de los nueve principios de la ONU sobre reestructuración de deuda.

A su vez, el oficialismo aceptó incluir una cláusula para impedir que futuras propuestas a los holdouts que no están contemplados en este acuerdo puedan superar a la actual, que es calculada a partir del monto del capital adeudado más el 50 por ciento de los intereses de ese mismo capital.

El acuerdo prevé además la inclusión de un pedido para que el juez Thomas Griesa dicte un amparo judicial que deje abierta la oferta por cinco años para el resto de los "holdouts" con bonos no reestructurados que quieran acogerse a la propuesta.

Finalmente, otra modificación relevante es que Argentina pagará recién después que Griesa levante el dictamen Pari Passu (tratamiento igualitario) según él lo interpretó.

El fallo de ese juez se basa sobre una interpretación sin precedentes de esa cláusula. Esta disposición garantiza que todos los bonistas sean "tratados igualitariamente", pero Griesa dictaminó que a cada uno de ellos debía pagársele lo que se le debe según demandaran.