París, 18 mar (RHC) Sindicatos de Francia instaron a intensificar la movilización contra el proyecto gubernamental de reforma laboral, desde el próximo 24 de marzo, día en que está prevista su presentación en el consejo de ministros.
A través de un comunicado, destacan los gremios franceses el éxito de la jornada de movilización de este jueves y convocan a realizar otras huelgas y manifestaciones el 31 de marzo en todo el país contra el proyecto impulsado por el gobierno.
El último lunes el Ejecutivo de Francia presentó una nueva versión del plan de reforma laboral, el cual incluye la eliminación del establecimiento de un tope a las indemnizaciones por despido improcedente y prevé que la justicia laboral argumente como causa del despido de los trabajadores la situación económica de una empresa, entre otras medidas.
Sin embargo, los dos principales gremios del país europeo, la Confederación General del Trabajo y Fuerza Obrera, mantuvieron su demanda de retirar el proyecto, pues consideraron que conserva la definición de dificultades económicas en las que puede basarse una empresa para ejecutar despidos colectivos.
En días recientes veintitrés personas fueron detenidas durante las manifestaciones contra el proyecto de reforma laboral defendido por el gobierno y criticado por sindicatos y organizaciones estudiantiles.
Más de 150 mil personas, según los convocantes de las protestas, y 69 mil, acorde con las autoridades, se movilizaron en las calles para demandar la retirada definitiva del mencionado plan.
No puede haber ninguna negociación sobre la base de un proyecto que no aspira más que a provocar más precariedad a los trabajadores, subrayaron en un llamamiento divulgado.
Más de 90 acciones de protestas se registraron en todo el país como parte de las varias manifestaciones planificadas este mes que persiguen el mencionado objetivo.
En la capital gala ocurrieron este jueves enfrentamientos entre movilizados y miembros fuerzas del orden, que usaron gases lacrimógenos.
Tres manifestantes fueron detenidos y dos policías resultaron ligeramente heridos, según fuentes policiales.
El gobierno presentó el 14 de marzo una nueva versión del proyecto la cual elimina el establecimiento de un tope a las indemnizaciones por despido improcedente, sustituido por "un baremo indicativo" que servirá de referencia.
También prevé que la justicia laboral tenga más margen para interpretar la situación económica de una empresa que quiere despedir a trabajadores. El texto inicial buscaba facilitar los despidos por motivos económicos.
Las pequeñas y medianas empresas no podrán modular de manera unilateral el tiempo de trabajo, como estaba previsto en la primera versión. Para hacerlo se necesitará un acuerdo colectivo, sin el cual se seguirá aplicando el derecho actual, según lo expuesto por el primer ministro Manuel Valls.
Los dos principales sindicatos del país, la Confederación General del Trabajo y Fuerza Obrera, mantuvieron su demanda de retirar el proyecto que debe ser presentado el 24 de marzo en el Consejo de Ministros.
En tal sentido, argumentaron que el texto mantiene la definición de dificultades económicas en las que puede basarse una empresa para ejecutar despidos colectivos: dos trimestres consecutivos de pérdidas o descenso de ventas durante cuatro trimestres.
También las organizaciones estudiantiles defienden sus planes de movilizaciones.
Por su parte, los sindicatos llamados "reformistas" opinaron que "los cambios expuestos por Valls van en el buen sentido".
