Brasilia, 23 mar (RHC) El magistrado brasileño Teori Zavascki le retiró al juez Federal Sergio Moro el caso del expresidente Luiz Inácio Lula, y ordenó que las investigaciones sobre el exprimer mandatario sean conducidas por la Corte Suprema de Brasil.

Zavascki otorgó un plazo de diez días para que Moro presente ante el tribunal supremo un informe del caso y explique por qué autorizó la divulgación de escuchas telefónicas de una conversación entre Lula y la jefa de Estado brasileña, Dilma Rusef, quien posee jurisdicción especial.

Sin embargo, la decisión del magistrado NO deroga la determinación de su homólogo, Gilmar Mendes, quien anuló el nombramiento del exprimer mandatario como ministro de Presidencia.

Sergio Moro es quien conduce las pesquisas sobre el caso de corrupción en la empresa estatal Petrobrás y el que ordenó la detención de Lula para ser interrogado en una comisaría el último día cuatro.

Las investigaciones que se realizan como parte de la operación anticorrupción Lava Jato e involucran al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva quedaron hace unos días en manos del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.

Así lo decidió el ministro de la Corte Teori Zavascki, quien anoche ordenó al juez federal Sergio Moro transferir las pesquisas a la más alta instancia judicial del país, en respuesta a un pedido del Gobierno que denunció las irregularidades cometidas por el hombre que lleva las riendas de Lava Jato.

La orden de Zavascki echó por tierra así parte del fallo del magistrado Gilmar Mendes, quien el viernes pasado dispuso que el caso volviera a la órbita de Moro, al determinar la suspensión cautelar del nombramiento de Lula para asumir la jefatura de la Casa Civil, privándole de hecho del fuero privilegiado asociado a ese cargo.

Por su parte, un grupo de senadores presentaron la víspera una reclamación disciplinaria contra Moro basada en la divulgación hecha por éste de grabaciones ilegales de una conversación entre Lula y la presidenta Dilma Rousseff.

Al levantar el secreto telefónico, el juez de Curitiba tenía plena conciencia de que se trataba de una escucha ilegal la cual incluía a la jefa de Estado, exponiéndola de ese modo a un perjuicio moral que viola lo establecido por la Ley de Seguridad Nacional, denunciaron los legisladores.

No ver mayor relevancia en la grabación hecha después del horario autorizado, como él mismo admitió, ni tener en cuenta que la mandataria estaba involucrada en la acción solo demuestra el desprecio de Moro por el debido proceso legal, el Estado de Derecho y por las instituciones, subrayaron.

También anoche, la ministra del STF Rosa Weber desestimó una solicitud de habeas corpus presentada por la defensa de Lula da Silva contra la decisión de Mendes, alegando que no cabe un recurso de este tipo contra el acto de un integrante de la más alta instancia del Poder Judicial.

La decisión de Gilmar Mendes había sido criticada por el jurista Walter Maierovitch, quien la consideró improcedente por estar manchada por el vicio de la suposición, ya que días antes, y en una sesión del STF que juzgaba otro tema, el magistrado anticipó un juicio de valor sobre el nombramiento de Lula fuera del debido proceso.

Por su parte, el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, dijo que para recurrir la decisión del ministro del STF el Palacio de Planalto tiene, entre otros argumentos, el hecho que no es práctica de la Corte Suprema admitir recursos de garantías presentados por partidos políticos.

Medios de prensa revelaron que la medida cautelar contra el exmandatario aceptada por el ministro de la Corte y presentada por dos partidos de oposición, el Popular Socialista (PPS) y el de la Social Democracia Brasileña (PSDB), fue hecha por una funcionaria vinculada a Mendes.

En su sitio web, el periodista Paulo Henrique Amorim, precisó que la autora del requerimiento fue la abogada Marilda de Paula Silveira, quien es profesora y coordinadora de postgrados del Instituto de Derecho Público de Brasilia, del cual Mendes es también catedrático.