París, 24 mar (RHC) Enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales ocurrieron este jueves en Francia durante las marchas en rechazo al proyecto de reforma laboral, aprobado por el gobierno local, que facilitará los despidos por motivos económicos.
En ciudades como París y Nantes, mientras miles de personas se movilizaron para demandar la retirada definitiva de ese plan, sucedieron choques entre manifestantes y agentes del orden público, los cuales provocaron el incendio de dos vehículos y 15 personas detenidas.
Pese a esas acciones, organizaciones juveniles y sindicatos convocaron para este 31 de marzo otras huelgas y manifestaciones en todo el territorio francés para demandar la retirada del nuevo proyecto.
Al llamado de organizaciones juveniles y de sindicatos de trabajadores, los inconformes alzaron pancartas en las que pidieron la eliminación del texto, presentado este jueves en el Consejo de Ministros.
Dos vehículos fueron incendiados y 15 personas detenidas en la capital gala, según fuentes policiales citadas por la prensa local.
El gobierno presentó el 14 de marzo una nueva versión del proyecto que elimina el establecimiento de un tope a las indemnizaciones por despido improcedente, sustituido por "un baremo indicativo" que servirá de referencia.
También prevé que la justicia laboral tenga más margen para interpretar la situación económica de una empresa que quiere despedir a trabajadores. El texto inicial buscaba facilitar los despidos por motivos económicos.
Las pequeñas y medianas empresas no podrán modular de manera unilateral el tiempo de trabajo, como estaba previsto en la primera versión. Para hacerlo se necesitará un acuerdo colectivo, sin el cual se seguirá aplicando el derecho actual, según lo expuesto por el primer ministro Manuel Valls.
Tras la presentación, las dos principales organizaciones gremiales del país, la Confederación General del Trabajo y Fuerza Obrera, mantuvieron su demanda de retirarlo.
En tal sentido, argumentaron que el texto conserva la definición de dificultades económicas en las que puede basarse una empresa para ejecutar despidos colectivos: dos trimestres consecutivos de pérdidas o descenso de ventas durante cuatro trimestres.
También las organizaciones estudiantiles defendieron sus planes de movilizaciones en las próximas semanas.
Por su parte, los sindicatos llamados "reformistas" opinaron que "los cambios expuestos por Valls van en el buen sentido".
Varias manifestaciones se realizaron en todo el territorio galo contra un proyecto de reforma laboral que, según sondeos, es rechazado por la mayoría de los franceses.
Al llamado de organizaciones juveniles y de sindicatos, se espera que nuevamente miles de personas se movilicen para demandar la retirada de dicho plan, impulsado por el gobierno.
Veintitrés personas fueron detenidas la semana pasada durante las manifestaciones con igual objetivo. Más de 150 000, según los convocantes de las protestas, y 69 mil, acorde con las autoridades, se movilizaron en las calles para pedir su retirada definitiva.
No puede haber ninguna negociación sobre la base de un proyecto que no aspira más que a provocar más precariedad a los trabajadores, subrayaron en un llamamiento divulgado.
Más de 90 acciones de protestas se registraron en todo el país como parte de las varias manifestaciones planificadas este mes que persiguen el mismo objetivo.
En la capital gala ocurrieron enfrentamientos entre movilizados y miembros fuerzas del orden, que usaron gases lacrimógenos.
Tres manifestantes fueron detenidos y dos policías resultaron ligeramente heridos, según fuentes policiales.
El gobierno presentó el 14 de marzo una nueva versión del proyecto la cual elimina el establecimiento de un tope a las indemnizaciones por despido improcedente, sustituido por "un baremo indicativo" que servirá de referencia.
También prevé que la justicia laboral tenga más margen para interpretar la situación económica de una empresa que quiere despedir a trabajadores. El texto inicial buscaba facilitar los despidos por motivos económicos.
Las pequeñas y medianas empresas no podrán modular de manera unilateral el tiempo de trabajo, como estaba previsto en la primera versión. Para hacerlo se necesitará un acuerdo colectivo, sin el cual se seguirá aplicando el derecho actual, según lo expuesto por el primer ministro Manuel Valls.
Tras la presentación, los dos principales sindicatos del país, la Confederación General del Trabajo y Fuerza Obrera, mantuvieron su demanda de retirar el proyecto.
En tal sentido, argumentaron que el texto conserva la definición de dificultades económicas en las que puede basarse una empresa para ejecutar despidos colectivos: dos trimestres consecutivos de pérdidas o descenso de ventas durante cuatro trimestres.
También las organizaciones estudiantiles defendieron sus planes de movilizaciones en las próximas semanas.
Por su parte, los sindicatos llamados "reformistas" opinaron que "los cambios expuestos por Valls van en el buen sentido".
El 31 de marzo se esperan huelgas y manifestaciones en todo el país para oponerse al proyecto.
