Brasilia, 30 mar (RHC) Más de 50 representantes de organizaciones y movimientos sociales, así como parlamentarios del Congreso de Brasil, instalaron un comité para defender en las calles las violaciones a los principios constitucionales que promueve la derecha a través del intento de golpe de Estado.

Tras conocer la decisión del Partido del Movimiento Democrático Brasileño de abandonar la alianza con la presidenta Dilma Rousseff, ratificaron legisladores y activistas sociales su respaldo a la primera mandataria ante los intentos de la oposición de hacerle un juicio político, el cual –denunciaron- carece de fundamento legal.

También reiteraron los representantes de agrupaciones sociales, estudiantiles y religiosas la importancia de que se respeten las disposiciones constitucionales para el trabajo de la comisión especial que busca la destitución de Dilma Rousseff.

Al respecto, la representante de la Comisión Pastoral de la Tierra en el Distrito Federal, Angélica Franco, aseguró que el nuevo comité va a dar seguimiento de todos los trabajos de la comisión especial y organizará eventos y manifestaciones públicas contra la suspensión de la presidenta brasileña.

Brasil enfrenta lo que el senador del Partido de los Trabajadores Lindbergh Farias consideró una conspiración explícita para golpear la democracia, claramente manifiesta en la salida del gobierno del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

En una reunión relámpago realizada ayer, el Directorio Nacional del PMDB aprobó por aclamación abandonar la coalición gubernamental, a la cual se unió hace 13 años, y conminó a los miembros de la organización que ocupan cargos en el Ejecutivo federal a dejarlos antes del 12 de abril, so pena de ser castigados.

Al confirmar la ruptura, el PMDB se declaró independiente, incluso respecto a un posible juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, reseñó el periódico digital Brasil 247, según el cual la decisión representó un duro golpe político para la mandataria.

El PMDB es el segundo partido más representado en la Cámara de Diputados, con 66 miembros, cuenta con 19 senadores, gobierna siete estados y mil 022 municipalidades, además de ocupar seis ministerios. Sin embargo, el ministro-jefe del gabinete presidencial Jaques Wagner buscó restarle gravedad al asunto y aseguró que el abandono de los peemedebistas ofrece a Roussef una óptima oportunidad para reconcertar la composición de su gobierno.

Admitió que el PMDB era un socio importante, por lo cual su salida abre un espacio político para conversar con los aliados que quieran seguir junto a nosotros y reconfigurar el equipo gubernamental, consideró.

Wagner señaló que incluso podría hablarse de un nuevo gobierno que acompañará a Rousseff en el resto de su mandato constitucional, que expira en 2018.

Creo que la decisión de ellos (los peemedebistas) llega en buena hora, sostuvo el alto funcionario, según el cual la reconfiguración del gabinete ministerial deberá contar con la participación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien espera por el veredicto del Supremo Tribunal Federal para asumir la jefatura de la Casa Civil.

El es siempre un buen consejero político, enfatizó en declaraciones a la prensa amplificadas por el blog del Palacio de Planalto.

Por su parte, el ex candidato presidencial y senador opositor Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), valoró el quiebre de la coalición impulsado por el PMDB como una acción que "cierra el cajón" de la gestión del Partido de los Trabajadores (PT) al frente del Ejecutivo.

El gobierno de Dilma se terminó, sostuvo Neves, quien -de acuerdo con la propia publicación- alegó que su administración no tiene condiciones mínimas para alcanzar lo que todos queremos, que es recuperar el crecimiento, generar empleos y mejorar los indicadores sociales.

Según medios de prensa aquí, la coalición que lidera el PT pudiera sufrir algunas otras bajas, la primera de estas del Partido Progresista (PP), cuya dirección nacional tiene programada una reunión para hoy en la cual se espera definan una posición al respecto.

El PP cuenta con 49 diputados federales en ejercicio y seis senadores, ocupa la cartera de Integración Nacional y cinco de sus legisladores integran la Comisión Especial que lleva adelante el proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, precisó el portal de noticias UOL.