Lima, 5 mar (RHC) La candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, anunció la suspensión de sus actividades de campaña este martes, ante las protestas y movilizaciones convocadas por organizaciones sociales y civiles en su contra, y en rechazo al aniversario 24 del autogolpe de Estado que dio su padre, Alberto Fujimori, en 1992.
Ante esa situación, expresó la postulante que los opositores a su partido tienen el derecho de expresar su opinión, pero sin violencia y con respeto, para que el próximo domingo los peruanos puedan ir a las urnas a escoger a su candidato.
Por otra parte, en una conferencia de prensa, aseguró Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos, que la marcha más multitudinaria será en Lima, donde se prevé la asistencia de cerca de 20 000 personas, quienes defenderán la institucionalidad democrática, la dignidad y la memoria histórica.
Además recordó Bracamonte que durante la campaña de Alberto Fujimori también se registraron dos movilizaciones multitudinarias en Lima, para reclamar la exclusión de su candidatura del proceso electoral, tras infringir en la ley cuando presuntamente entregó dinero a ciudadanos durante una actividad proselitista.
Mientras el cambio de modelo económico neoliberal, planteado principalmente por la candidata progresista Verónika Mendoza, y las promesas de fe democrática de la favorita Keiko Fujimori, destacan en el panorama preelectoral peruano.
Ambas postulantes fueron las principales protagonistas, la izquierdista a la iniciativa y la segunda a la defensiva, en el debate de los 12 candidatos presidenciales, en un criticado formato con intervenciones muy breves.
Mendoza planteó un cambio profundo del modelo económico y de la constitución vigente, del mismo corte que, según confirma una reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, la gran mayoría de los peruanos demanda.
Mendoza, que disputa con tendencia creciente el segundo lugar en las encuestas y el paso a la segunda vuelta tras Fujimori, inició su participación con un saludo en quechua, idioma de los incas que ella es la única que lo habla entre los candidatos.
Destacó los graves problemas económicos producto de la caída de los precios de los minerales que determina la debilidad y dependencia de la economía peruana, ante lo cual la mayoría de sus rivales plantean solo "ajustes y maquillajes".
En otro pasaje del debate confrontó punto de vista con el expresidente neoliberal Alejandro Toledo y le preguntó, sin obtener respuesta, en qué se diferencia del también candidato de línea similar Pedro Pablo Kuczynski, con quien Mendoza disputa el segundo lugar en las preferencias ciudadanas.
Resaltó la prioriad que un eventual gobierno suyo dará a la lucha contra la corrupción, que calificó de cáncer que le roba al país y al pueblo oportunidades de mejora y desarrollo, y señaló que se hubiera podido hacer muchas obras con los seis mil millones de dólares robados por el gobierno del padre de Keiko, Alberto Fujimori, preso por ese y otros delitos.
En su intervención, la candidata Fujimori reiteró sus promesas de obras públicas y seguridad ciudadana, principalmente, y defendió la Constitución neoliberal de 1993, a la que dio el mérito del crecimiento económico de las últimas décadas.
Antes de responder una pregunta hecha por el público, Mendoza replicó que ese crecimiento fue un logro del trabajo del pueblo y ratificó la propuesta de cambio constitucional.
Mientras Mendoza cerró su intervención con un llamado a sus seguidores al triunfo electoral pese a la guerra sucia en su contra, Fujimori sorprendió al leer y firmar una lista de promesas de respeto a la legalidad democrática y los derechos humanos.
De otro lado, el debate confirmó que no hay contradicciones de fondo de Kuczynski y el cuarto de los sondeos, el centroderechista Alfredo Barnechea, con Fujimori.
También hubo un incidente cuando, en la confrontación por parejas de candidatos, el postulante Fernando Olivera, un viejo crítico del expresidente y otra vez candidato Alan García, que lo increpó enumerando los casos pendientes de corrupción que se les imputan a los dos gobiernos del exmandatario (1985-90 y 2006-11).