Brasilia, 29 abr (RHC) Tres representantes gubernamentales compartirán este viernes la defensa de la presidenta Dilma Rousseff ante una comisión especial del Senado Federal brasileño, encargada de examinar la admisibilidad de un pedido de juicio político contra la Presidenta.
Según confirmó el titular del colegiado Raimundo Lira, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), los defensores serán el abogado general de la Unión José Eduardo Cardozo y los ministros de Agricultura, Katia Abreu, y de Hacienda, Nelson Barbosa, informa Prensa Latina.
La sesión de ayer, primera con participación de invitados, estuvo matizada por insistentes llamados al sentido común, la paciencia y el orden.
Fueron numerosas las ocasiones en que el titular del colegiado Raimundo Lira, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), debió intervenir para viabilizar el desarrollo de la jornada, en la que intervinieron dos de los autores de la acusación: Miguel Reale Júnior y Janaína Paschoal.
Antes, senadores de la llamada base aliada del Gobierno reclamaron al relator del impeachment Antonio Anastasia, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la posibilidad de presentar documentos de órganos públicos que desvirtúan la denuncia contra Rousseff, pero este denegó la solicitud.
Nos sentimos como ganado camino al matadero, refutó la senadora del Partido de los Trabajadores (PT) Gleisi Hoffmann, quien consideró que en la comisión ya estaba tomada de antemano la decisión de admitir la apertura de un proceso destituyente.
En su presentación, el jurista Reale Júnior confirmó los motivos que a su modo de ver justifican la posible destitución de la mandataria, con base en la promulgación de seis decretos suplementarios sin la autorización del Congreso y en las llamadas pedaladas fiscales. Negó, además, que se trate de un golpe de Estado.
Al término de su intervención, otro legislador petista, Lindbergh Farías, instó a Reale Junior a profundizar en los elementos de la acusación, pues el discurso había sido muy político, pero su base conceptual era equivocada y el sostén jurídico insuficiente para apartar a la jefa de Estado de su cargo.
Por su parte, Janaína Paschoal consideró - contrariando lo dispuesto por el Supremo Tribunal Federal - que en su examen el Senado pudiera ampliar los hechos investigados en la denuncia y no limitarse al despacho de la Cámara de Diputados.
Reconoció que 15 de las 65 páginas de la acusación están dedicadas a los supuestos vínculos de Rousseff con el esquema de corrupción de la empresa Petrobras que investiga la operación Lava Jato, lo cual - por decisión del STF - no es materia de análisis en este caso.
En la sesión este jueves intervino también el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien dijo ser portador de la solidaridad y el apoyo de mucha gente en América Latina "para que se respete el derecho del pueblo a vivir en democracia".
Pérez Esquivel reconoció que Brasil atraviesa en este momento por grandes dificultades y está ante un posible golpe de Estado, mediante un mecanismo que ya se utilizó antes en Honduras y Paraguay.
Las palabras del presidente del Servicio Paz y Justicia de Argentina causaron gran revuelo entre senadores de la oposición, que reclamaron incluso suprimir el término "golpe" de la versión taquigráfica de la sesión.
