Ciudad Guatemala, 13 may (RHC) Cerca de 70 organizaciones civiles de Guatemala, asociaciones de abogados, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el presidente del país, Jimmy Morales, manifestaron su intención de proteger la vida de Miguel Ángel Gálvez, juez encargado del proceso penal por el caso de defraudación aduanera La Línea.

Las manifestaciones de respaldo a Gálvez comenzaron luego de que denunciara que recibió una nota intimidatoria, tras llevar a proceso al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina por recibir un soborno millonario a cambio de la concesión de un contrato irregular a la empresa españolaTerminal de Contenedores Quetzal.

Este sábado, en la capital guatemalteca, está prevista una manifestación pacífica como muestra del apoyo de la ciudadanía al magistrado, quien lleva en paralelo el debate judicial por el caso conocido como Transportes de Contenedores Quetzal y el iniciado hace más de seis meses por el desfalco en las aduanas.

Además de Pérez Molina, también están implicados en ambos casos la exvicepresidenta Roxana Baldeti y más de medio centenar de exministros del gobierno del Partido Patriota, así como empresarios, excontralores, exdiputados y exfuncionarios de varias dependencias del gobierno de Guatemala.

El Gobierno de Guatemala prometió a la dirigencia del paro nacional protagonizado por miles de campesinos e indígenas instalar varias mesas de diálogo en aras de solventar las demandas de ese movimiento civil.

Según el vicepresidente, Jafeth Cabrera, una de las principales exigencias de los delegados de las agrupaciones miembros de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) gira en torno a la creación de un subsidio de unos 38 millones de dólares en favor de 100 mil familias empobrecidas.

También abogaron por la entrega de tierras para los labriegos que carecen de estas y por la nacionalización de los recursos naturales, declaró el funcionario a los periodistas, luego del encuentro con los líderes de la protesta de este miércoles.

La prioridad del presidente Jimmy Morales es abordar los problemas a través del diálogo, por lo cual decidió establecer tres mesas técnicas, una sobre criminalidad, otra sobre energía eléctrica y minas y una tercera sobre la regularización del acceso a la tierra, precisó.

La primera de estas mesas iniciará sus labores el próximo 20 de mayo, adelantó, en alusión a la que abordará la inconformidad con la persecución y criminalización de los defensores de los derechos humanos y otros aspectos relacionados con ello, igual sujetos a reclamo por parte de los manifestantes.

Otros problemas puestos sobre el tapete este día por campesinos e indígenas guardan relación con la necesidad de anular los subsidios tributarios a las grandes empresas, garantizar el acceso al agua, la nacionalización de la energía eléctrica y penalizar el desvío de ríos, lagos, lagunas y otros afluentes.

Estos sectores también pretenden la racionalización de todos los servicios y bienes privatizados en el país, convocar a todo el pueblo a impulsar un proceso de Asamblea Constituyente popular, plurinacional, desde las comunidades; y que renuncien y se castigue a los diputados corruptos.

Pese a la insistencia de las autoridades y a recursos impulsados por el empresariado, que finalmente fueron avalados por la Corte de Constitucionalidad, miles de personas secundaron la medida de presión alentada por la CNOC.

En consecuencia 29 carreteras de todo el territorio quedaron prácticamente paralizadas, con las consiguientes afectaciones al traslado, que dan cuenta de al menos 50 millones de quetzales, es decir cerca de 6,5 millones de dólares, perdidos durante la jornada como resultado de la movilización popular.