Buenos Aires, 25 may (PL) Envueltos en creciente conflictividad laboral por despidos y reclamos salariales, molestias por tarifazos en los servicios públicos y galopante inflación, los argentinos celebran hoy otro aniversario de la Revolución de Mayo que condujo a la independencia.

 A diferencia de los últimos años, en esta ocasión no habrá marchas a Plaza de Mayo en Buenos Aires, actos culturales y concentraciones en otras ciudades para festejar la histórica fecha.

 En cambio, este miércoles en la plaza frente a la Casa Rosada acampan cientos de miembros de cooperativas de la capital que le exigen al gobierno porteño que cumpla con el compromiso asumido de otorgar un aumento salarial del 40 por ciento y la reincorporación de 250 desocupados.

 Las agrupaciones partieron el martes desde el Obelisco y se movilizaron hacia la esquina de Diagonal Norte y San Martín, donde realizan el acampe.

 La protesta obligó al presidente Mauricio Macri, cuya popularidad bajó 22 por ciento en los últimos días por los efectos de las políticas de ajustes, a cambiar su programa de celebración.

 El mandatario tenía previsto asistir al tradicional Tedeum en la Catedral y después encabezar un festejo en la antiguamente llamada Plaza de Colón, hoy Plaza Juana Arzuduy, pero en cambio trasladó la celebración presidencial a los confines de la bien protegida Quinta de Olivos.

 Mientras el ministro de Economía y Finanzas, Alfonso Prat Gay, dice que "no hay en Argentina una caída del empleo" y pidió dejar atrás la discusión sobre la ley antidespidos, millares de trabajadores estatales realizaron una masiva protesta el martes.

 Más de 10 mil afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado se concentraron en el Obelisco para protestar contra la política de despidos y exigir la reincorporación de los cesantes. Según ese sindicato los echados en ese sector superan los 34 mil en cuatro meses y medio.

 Además, repudiaron el veto de Macri a la Ley de Emergencia Ocupacional y demandaron la reapertura de paritarias con un piso salarial del 45 por ciento.

 La dirigencia de las tres fracciones de la Confederación General del Trabajo optaron sin embargo por no protestar públicamente contra el veto presidencial; en cambio, reclamaron dos mil 700 millones de pesos (187.5 millones de dólares) para el funcionamiento de sus clínicas, llamadas acá Obras Sociales.

 Eso molestó a los dos segmentos de la Central de Trabajadores de Argentina cuyos líderes Hugo Yasky y Pablo Michelli, sí llamaron a la necesidad de hacer un paro general todos unidos. Esas dos centrales gremiales prevén efectuarlo a principio de junio.

 Acosado por la conflictividad laboral el Gobierno de Macri aceptó elevar el salario mínimo a ocho mil 60 pesos (560 dólares), pero inmediatamente economistas indicaron que aún queda por debajo de la tasa inflacionaria. Desde la Presidencia también adelantaron, según Ámbito Financiero, que "harán anuncios importantes sobre medidas económicas" el viernes.

 Esa publicación anticipa que se trata de proyectos para pagar sentencias a jubilados, blanqueo de capitales y obtener el aval del Congreso al acuerdo para devolver a las provincias los llamados fondos de coparticipación.

 La Justicia de provincias patagónicas presentaron un amparo legal contra el tarifazo al gas que en Río Negro, por ejemplo, los lugareños recibieron facturas con aumentos de hasta dos mil 100 por ciento.

 Hasta el propio jefe de Gobierno de la ciudad rionegrina de Bariloche, Gustavo Gennuso, llamó a la desobediencia civil exhortando a la ciudadanía a no pagar la cuenta del gas, convocó a una movilización y se puso al frente.

 Ante la ira generalizada, el martes la administración Macri redujo el incremento, pero de todas formas los argentinos deberán pagar 400 por ciento más por gas, ahora cada mes en vez de bimestralmente como antes, cuando se avecina un invierno que despunta bastante crudo.

 El alza de la carestía de la vida es otro problema que mantiene a los argentinos en vilo y con creciente malestar según muestran los sondeos públicos.

 Prat-Gray y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reiteran que en el segundo semestre bajarán los precios, pero los que viven al día no quedan convencidos.

 La inflación medida por el Índice de San Luis, uno de los dos aceptados por el Gobierno -el otro es el de la Ciudad de Buenos Aires- fue de 3,4 por ciento en abril. No obstante, el llamado Índice Congreso que elabora la oposición legislativa marca 6,7 para ese mes.

 Una encuesta del Programa Social de la Universidad de San Martín arroja que el 71,7 por ciento de los argentinos rechaza la suba en las tarifas de servicios esenciales como electricidad, gas y agua.

 El mismo sondeo refleja también que el 53,6 por ciento de los consultados se quejan de que hoy están en peor situación económica que hace 30 días.

 Por otro lado, la Universidad Católica Argentina sacó otro estudio en el que señala que más de 10 millones de personas afrontan problemas con el empleo.

 Así en ese debate, los argentinos conmemoran otro aniversario de la Revolución de Mayo este miércoles 25 en el "Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional".