Brasilia, 26 may (RHC) La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, consideró que la ilegalidad del juicio político en su contra es indiscutibles, dado el carácter abusivo de la acusación por supuestos delitos de responsabilidad fiscal que no cometió.

Durante un diálogo con internautas explicó la jefa de Estado brasileña que el abuso y desvío de poder en el senado para aprobar el impichment en su contra será un elemento que presentará el primero de junio venidero su abogado, Eduardo Cardozo, en la defensa previa ante la Comisión Procesante del caso.

También manifestó Dilma Rousseff que los recientes audios revelados sobre una estrategia golpista de miembros del senado y el gobierno demuestran su inocencia, y afirmó que sectores de la oposición pretenden un procedimiento rápido de su caso para impedir una buena defensa.

Por otra parte, aseguró que el primer mandatario interino Michel Temer busca privatizar el petróleo para destinarlo a unos pocos grupos económicos, así como acabar con el modelo implantado en los últimos años que se encargaba de reservar parte de las regalías generadas por la extracción del crudo a iniciativas en el área de educación.

Mientras la exministra de Mujeres, Igualdad Racial y Derechos Humanos Nilma Lino Gomes señaló que Brasil vive bajo los efectos de un golpe multidimensional: parlamentario, de clase, de género y de raza.

No hay expectativa de reconocimiento de la diversidad en un gobierno golpista, señaló la primera mujer negra en dirigir una universidad pública en el país, para quien la integración de un equipo gubernamental es un retrato de la concepción que está por detrás del mismo.

Un gobierno formado por hombres, blancos, de una misma generación, la misma clase social, e inclusive con trayectorias políticas complicadas ante la propia justicia, ya trae implícito un mensaje para el pueblo, dijo.

Interrogada por el diario Brasil de Fato respecto a la extinción de la cartera de Mujeres, Igualdad Racial y Derechos Humanos, la profesora y pedagoga la catalogó como un gran retroceso.

Ese ministerio, subrayó, fue la cara de los movimientos sociales en su relación con el Gobierno, trabajando con sujetos que tuvieron una coincidencia de desigualdad, discriminación y exclusión.

Su existencia, las áreas de trabajo en que fue dividido y las agendas seguidas dentro de éste constituyeron respuestas que el Ejecutivo dio a la sociedad, señaló Gomes, para quien la desaparición de la cartera y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Justicia "es una señal muy negativa".

Respecto a esa determinación, la exministra dijo hacer dos lecturas, la primera de las cuales es que el gobierno pasa a considerar los movimientos sociales un problema de seguridad pública y, en consecuencia, tiene que mantenerlos bajo vigilancia.

La propia trayectoria de quien está a cargo del Ministerio de Justicia (el exsecretario de Seguridad de Sao Paulo Alexandre de Moraes) significa que habrá una relación muy dura con los movimientos sociales, valoró.

Poco antes de asumir su nuevo cargo, De Moraes catalogó las protestas contra el proceso de impeachment de Dilma Rousseff como "actos guerrilleros", amenazó con identificar a los participantes y advirtió que en caso de producirse algún tipo de violencia, estos serían tratados como delincuentes y no como manifestantes.