Bogotá, 31 may (RHC) Cerca de 30 000 campesinos e indígenas de Colombia realizan desde este lunes un paro agrario nacional, iniciativa acompañada de marchas y concentraciones en 17 de los 32 departamentos de ese país.

A través de un comunicado, precisan miembros de la plataforma Congreso de los Pueblos que pese al ataque del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el cual ocasionó un muerto en la localidad del Valle del Cauca, los manifestantes continuarán exigiendo la derogación de políticas neoliberales que afectan a los sectores menos favorecidos.

En el texto, también reclaman los campesinos una reforma agraria que reconozca sus territorios agroalimentarios, se respeten la identidad de las poblaciones asentadas en las zonas rurales y la anulación de las concesiones mineras en esas tierras.

Mientras el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que el Gobierno respeta las manifestaciones y protestas sociales pero pidió que transcurran de manera pacífica y sin bloqueos de vías.

El Gobierno ha sido totalmente respetuoso con esas movilizaciones siempre y cuando se hagan dentro de la ley y no vulneren los derechos de otros ciudadanos, subrayó el mandatario desde la Casa de Nariño al resumir los resultados de la lucha contra el crimen organizado en la última semana.

Desde ayer unas 30 mil personas, integrantes de agrupaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, protagonizan un paro agrario en 17 de los 32 departamentos, con la finalidad de exigir la derogación de la ley Zidres, que consideran despojará a los cultivadores de los terrenos para otorgárselos a empresarios y multinacionales.

Los manifestantes piden una revisión de los Tratados de Libre Comercio, rubricados con varias naciones, a los que responsabilizan con la quiebra de pequeños productores, así como un freno a los proyectos mineros dentro de escenarios naturales privilegiados.

Igualmente abogan por una reforma en el ámbito rural que reconozca los tradicionales territorios campesinos agroalimentarios.

Convocados por las plataformas Cumbre Agraria, Congreso de los Pueblos, la Organización Nacional Indígena y otras agrupaciones, los demandantes afirman que el Ejecutivo incumplió compromisos previos pactados tras anteriores huelgas y mingas (protestas) de grupos nativos.

Hasta el momento hubo tensión en Antioquia y el Valle del Cauca, en ese último departamento intervino el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

En un comunicado, Congreso de los Pueblos responsabilizó al Esmad con la muerte de un indígena en La Delfina, Valle del Cauca.

El comienzo del paro nacional coincidió con marchas y concentraciones en esta capital para condenar la venta de la Empresa Telefónica de Bogotá (ETB) y con los preparativos de una manifestación de maestros, prevista para mañana, cuando la situación pudiera tornarse más compleja de confluir docentes y representantes del campesinado en las vías.

Además, permanece bajo vigilancia el Bronx, una barriada bogotana donde efectivos de la Fuerza Pública realizaron allanamientos y capturaron a cabecillas de bandas delincuencias, en medio de enfrentamientos.

Según informativos locales en la zona hubo cruentos altercados entre policías y pobladores, algunos de ellos habitantes de la calle que decidieron emigrar ahora a Plaza España, donde perpetraron actos de vandalismo.