Santiago de Chile, 20 jun (RHC) Miembros de la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Chile se encadenaron a la sede del exCongreso Nacional en protesta por la entrega de beneficios carcelarios a culpables de crímenes de lesa humanidad.

Los participantes de la marcha expresaron que asisten a la manifestación para exigir por los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, la justicia y no más impunidad.

La diputada comunista, Karol Cariola, mantuvo que es doloroso ver como los familiares tienen que volver a encadenarse, mientras a los delictivos se les están entregando beneficios penitenciarios.

En días recientes varios parlamentarios entregaron al Congreso chileno un proyecto legislativo que beneficie a las personas con enfermedades mentales en la nación sudamericana, informó la página web del diario El Mercurio.

La propuesta comenzará a debatirse en agosto e intenta materializar las principales demandas mediante una ley de Salud Mental, añadió la publicación.

Los diputados justificaron su petición alegando que la normativa vigente desconoce estándares mínimos de protección de los derechos humanos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y por las Naciones Unidas.

Las demandas claves de la reforma son: el respeto a la determinación individual de los enfermos y discapacitados mentales o su representante legal y estándares mínimos de atención de salud a las personas en esta condición.

Otros puntos polémicos son la prohibición de aplicar procedimientos invasivos e irreversibles, como la esterilización, sin consentimiento o la apelación de las internaciones no voluntarias por medio del sistema de Justicia.

Sobre el tema, el diputado Sergio Espejo manifestó que los problemas de salud mental han llegado a los hogares chilenos pues uno de cada tres ciudadanos va a enfrentar esa condición en los próximos años.

Cerca del 20 por ciento de la población de la nación sudamericana ha experimentado o está a expensas de un cuadro depresivo, añadió el parlamentario.

Explicó que la propuesta no pretende sustituir al Ministerio de Salud en la tarea de llevar adelante una efectiva política de salud mental, pero aspira a mejorar el trato institucional de los enfermos y discapacitados mentales.

De aprobarse esa iniciativa, no sólo se garantizarían los tratamientos mínimos a quienes lo necesiten, sino que además se podrán objetar prácticas como la esterilización de niñas con síndrome de Down o la internación involuntaria de pacientes con historial psiquiátrico.