Brasilia, 23 jun (RHC) La Comisión Procesal del Senado Federal de Brasil prevé votar el próximo 4 de agosto la posibilidad de un juicio político contra la presidenta apartada temporalmente, Dilma Rousseff.

Con ello cerraría la actual etapa del proceso para dar paso al juzgamiento final de la primera mandataria, cuya votación en el plenario pudiera producirse a mediados de ese mismo mes, según el nuevo cronograma de trabajo del colegiado.

La hoja de ruta, que recibió el visto bueno de la mayoría de los integrantes de la comisión, estipula que los últimos testigos serán escuchados el 29 de junio, dos días después de que un equipo de expertos presente los datos solicitados por la defensa.

Para el 6 de julio, fue fijada la probable comparecencia de Dilma Rousseff ante la Comisión procesal, pero su abogado defensor, José Eduardo Cardozo, declaró a medios de prensa que todavía no está definido si ella irá o no al Senado, aunque existe esa posibilidad.

Mientras el expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil Eduardo Cunha solo aliviaría su castigo mediante una delación premiada.

Cunha tiene una única salida y es buscar un acuerdo (con la justicia) en que revele los nombres de todos los políticos favorecidos por sus esquemas, comentó el diario digital Brasil 247, según el cual el exlíder parlamentario sería condenado a prisión por el resto de su vida.

En una evaluación sobre la decisión tomada ayer por el STF de abrir una segunda causa penal contra Cunha, acusado entre otros de los presuntos delitos de soborno, lavado de dinero y evasión de impuestos, la publicación estimó que sus posibilidades jurídicas están prácticamente agotadas.

Parece evidente, por ejemplo, que cuando recibía cuantiosas sumas de dinero de una empresa como la Carioca Engenharia no lo utilizaba solo para sí, sino también para comprar parlamentarios, financiar campañas y conseguir aliados en la cúpula del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), agregó.

Con tanto dinero, Cunha fue capaz de controlar el 55 por ciento de los votos en la Cámara, produciendo así la infame votación del pasado 17 de abril, que abrió espacio para el golpe parlamentario en curso en Brasil, denunció el diario.

El plenario del Supremo Tribunal Federal admitió ayer por unanimidad la denuncia contra el legislador presentada en marzo último por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, por presuntos delitos de soborno, lavado de dinero, evasión de impuestos y falsificación con fines electorales.

El Tribunal entendió que existen los indicios suficientes de materialidad y autoría en la pieza acusatoria para que Cunha responda a una acción penal, indicó el sitio web de la Corte.

Señaló además que, según el requerimiento, éste se habría beneficiado indebidamente de la compra de un campo petrolífero en Benin por la estatal Petrobras, manteniendo los recursos obtenidos de forma ilegal ocultos en cuentas bancarias en Suiza.

Cunha, quien responde a otra acción penal ante la Corte Suprema acusado de recibir cinco millones de dólares de "propina" por un contrato de navíos-sonda realizado por Petrobras, fue apartado a comienzos de mayo último por el STF de sus funciones como diputado y de la condición de presidente de la Cámara baja.

El 14 de junio pasado, el Consejo de Etica de esa Casa se pronunció por la casación definitiva de su mandato, en un proceso político-disciplinario seguido por ese colegiado por mentir a la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la petrolera estatal, a la cual ocultó la tenencia de cuentas bancarias en el exterior.

También El ex ministro de Planificación y de Comunicaciones Paulo Bernardo fue detenido hoy aquí en el inicio de la fase 31 de la operación anticorrupción Lava Jato, que incluye además acciones en los estados de Sao Paulo, Paraná, Río Grande do Sul, y Pernambuco.

En total se están cumpliendo 11 órdenes de prisión preventiva, 40 de búsqueda y aprehensión y 14 de conducción coercitiva, dijo la Agencia Brasil y precisó que el objetivo del despliegue es investigar el presunto pago de sobornos a personas ligadas a funcionarios y agentes públicos del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión.

Bernardo ocupó la cartera de Planificación (2005-2011) durante el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y fue titular de Comunicaciones (2011-2015) en el mandato de Dilma Rousseff.

Como parte de la operación lanzada este jueves bajo el nombre de "Costo Brasil", indicó la propia fuente, también se liberó una orden de búsqueda e incautación de documentos en la residencia de la senadora del Partido de los Trabajadores (PT) Gleisi Hoffmann, esposa de Bernardo.

Asimismo, fueron desplegados policías en la sede nacional del PT en Sao Paulo y en sus oficinas en esta capital, reportó por su parte el sitio UOL, según el cual también resultó detenido el ex secretario de la Aviación Civil Carlos Gabas.