Buenos Aires, 11 jul (RHC) La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Argentina tratará este martes las demandas contra los tarifazos a los servicios públicos, anulados o suspendidos por tribunales federales y provinciales en desafío al Gobierno, que apela para ejecutarlos.

En opinión de la comentarista sobre asuntos legales Irina Hauser, los cuatro miembros de la CSJ buscarán dar alguna señal, con una medida de transición. No opinarán sobre las alzas en sí ni cómo fueron aplicadas sin hacer audiencias públicas y dejarán su definición para cuando haya pasado el invierno.

"Pocas veces en los últimos tiempos el máximo tribunal estuvo ante una oportunidad tan clara de resolver una causa que atañe a un problema colectivo y a peleas (económicas y políticas) de poder como son las demandas contra el tarifazo", escribió Hauser para Página 12.

Los drásticos incrementos dictados por el gobierno del presidente Mauricio Macri del 400 al dos mil 200 por ciento a la electricidad, el gas y el agua, sin contar el transporte público, desataron un rechazo generalizado, apunta Prensa Latina.

La primera instancia judicial en suspenderlos a escala local, en particular el tarifazo al gas, fue un tribunal de la patagónica Chubut; después se sumaron otras provincias, hasta que la Cámara Federal de La Plata lo anuló a nivel nacional y suspendió el de la luz durante tres meses en territorio bonaerense.

Incluso, ese veredicto orienta a la población a no pagar las facturas que reciban con las alzas hasta tanto la CSJ no se manifieste sobre la candente controversia.

En todas las instancias las cortes respondieron a pedidos y demandas de colectividades ciudadanas e incluso a solicitud de intendentes con el argumento de que la población debe expresarse a través de audiencias públicas antes de que tales decretos sean aplicados.

Luego del fallo del órgano judicial de La Plata, el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minería, que dirige Juan José Aranguren, a quien el comentarista Martín Granovsky llama "el pararrayos de Macri", apeló para demandar que el tribunal supremo se exprese.

El contundente fallo de la Cámara platense -señala Hauser- surgió de una demanda colectiva promovida por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y la asociación Consumidores Argentinos.

Sostienen en su planteo que el Ministerio de Energía violó el artículo 42 de la Constitución Nacional que obliga a garantizar la participación ciudadana como paso previo a todo aumento de tarifas.

Urgido por conseguir un respaldo supremo, el Ejecutivo empezó a presionar sobre los miembros de la CSJ tan pronto comenzaron algunos jueces en las provincias a dictar cautelares a favor de los usuarios.

Confiado en que el máximo tribunal falle a favor de la Casa Rosada, su ministro de Justicia, Germán Garavano, salió a pedir públicamente que la Corte "resuelva el tema" urgente y "genere certidumbre".

La compañía Enargas hizo otro tanto con una demanda por su lado, obviamente contando con que el tarifazo le representará jugosos ingresos.

Hauser estima que la CSJ bajo el mando de Ricardo Lorenzetti podría, en su costumbre pendular, cuestionar el tarifazo como una forma no solo de contentar a la gente, sino de salvar al Gobierno de una escalada social.

Sobre esa óptica -añade- buscaría una fórmula que satisfaga a todos, obligar al Ministerio de Energía a celebrar la audiencia pública que establece la Constitución como paso previo al reajuste sin decir nada, a su vez, sobre la escala tarifaria y dejarlo todo para después del invierno.