Bogotá, 12 jul (RHC) Camioneros colombianos que prestan servicios de transporte a la Sociedad Portuaria de Barranquilla, en el departamento del Atlántico suspendieron este martes de forma indefinida las operaciones para unirse al llamado a paro nacional que realizó el gremio en ese país.
El presidente de la Asociación Nacional de Transportadores en esa urbe, Gustavo Betancourt, informó que ante la negativa del Estado colombiano de presentar nuevas propuestas para solucionar el conflicto, adoptaron la decisión de suspender las actividades portuarias y de carga urbana.
También reprochó Betancourt la falta de voluntad política del Ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos para lograr un acuerdo con los promotores y representantes del sector transportador, que exigen la discusión del precio del combustible, y las tarifas de los peajes, entre otros puntos económicos.
La protesta de los camioneros, iniciada por incumplimientos por parte del gobierno hace 34 días, ha causado desabastecimiento de alimentos, materiales de construcción y otros productos en algunas regiones del país, con la consecuente alza de precios, lo que preocupa a distintos sectores económicos de la nación sudamericana.
Tras 36 días de paro y fallidas conversaciones con el Gobierno colombiano millares de camioneros permanecen a la espera de respuestas favorables para sus demandas en busca de mejoras económicas para el gremio.
Desde el comienzo de la movilización, los transportistas exigen rebajas en los precios del combustible y las tarifas de los peajes, mayor seguridad en las vías para ejercer su oficio así como acceso al seguro social, entre otros reclamos.
Asimismo los choferes protestan debido a la sobreoferta causada por la circulación de carros sin la totalidad de los permisos establecidos.
Este martes el presidente Juan Manuel Santos ordenó reforzar la presencia militar en las carreteras a fin de evitar alteraciones del orden público, luego de atribuir a acciones violentas de los huelguistas un accidente automovilístico sufrido por el gobernador de Boyacá.
El Gobierno seguirá abierto al diálogo pero no permitirá que la violencia se imponga, advirtió el mandatario.
En días previos coordinadores de la demostración denunciaron excesos de la Fuerza Pública contra los demandantes, particularmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Adicionalmente reprobaron lo que consideraron detenciones arbitrarias de civiles en el ejercicio de su derecho a la manifestación.
Según Santos ha habido intransigencia de la contraparte para encontrar un arreglo, que permita levantar la medida.
En tanto los camioneros aseguran que el Ejecutivo pretende dilatar la negociación, suspendida tras el incidente ocurrido en Boyacá, donde el mes anterior sucedieron enfrentamientos entre conductores y el Esmad.
La protesta es legal, pero deben cesar las vías de hecho, manifestó la ministra de trabajo, Clara López.
Sin solución a la vista el paro ha encarecido productos de la canasta básica como el tomate, la papa, el maíz y la cebolla, por sólo citar algunos.
Pese a las caravanas de camiones organizadas para contrarrestar los efectos de la huelga, campesinos lamentan la pérdida de parte de sus cosechas, en tanto los productores de leche reportan también perjuicios.
Con el paso de los días la situación se torna más compleja y la movilización sube de tono ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes.
La paralización parcial del transporte de carga dificultó igualmente las operaciones en el puerto de Buenaventura, el mayor de Colombia, destinado al comercio internacional.