Asunción, 13 jul (RHC) Los rechazos a las condenas a campesinos por los sucesos de Curuguaty mantienen hoy la atención de la sociedad paraguaya, a los cuales se suma la concertación de izquierda Frente Guasu (FG).

El FG anunció haber solicitado una audiencia con la máxima autoridad de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el ámbito de su visita a este país, para "tratar la grave situación en la que se encuentran los presos políticos del caso", señala Prensa Latina.

Un comunicado de esa agrupación de partidos y movimientos de izquierda, tercera fuerza política nacional, informa sobre el pedido al secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El antecedente reciente de este caso "es el proceso plagado de irregularidades que condujo a una aberrante condena contra 11 campesinas y campesinos sobrevivientes de la masacre", señala el texto.

Su afirmación se refiere a la muerte de 11 labriegos y seis policías en junio de 2012 cuando un contingente de las fuerzas del orden acudió a desalojarlos de tierras ocupadas en Curuguaty, en el centroriental departamento de Canindeyú.

Al referirse al juicio, el FG asevera que no sólo todo el proceso llevado a cabo por la Fiscalía estuvo "visiblemente viciado sino también el fallo del tribunal ha sido calificado como gravemente irregular".

Esto llevó, agrega, a que decenas de personas, referentes de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos se encuentren hoy aquí en vigilia ante la sede del Palacio de Justicia.

Recuerda cómo recientemente no solo organizaciones internacionales de la sociedad civil manifestaron su preocupación y condena sobre este caso.

También, menciona, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 2013, había recriminado a Paraguay por violar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por la manera en que se estaba encarando la investigación fiscal del caso.

Esa instancia exigió "investigar los hechos y garantizar la imparcialidad del proceso", afirma el texto.

Durante el 32 periodo de sesiones de la ONU, Paraguay fue sometido al Examen Periódico Universal, oportunidad en que pidió realizar pesquisas imparciales e independientes y procesos penales de conformidad con la legislación vigente, añade.

En esa ocasión se exigió la formación de una comisión independiente para investigar la muerte de los 11 campesinos, además de las de los seis policías, señala el FG.

Esta situación pone más que nunca en evidencia la existencia de presos políticos en Paraguay, asegura.