La Habana, 3 mar (RHC) Presidida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz tuvo lugar la reunión del Consejo de Ministros, de Cuba, en la que fueron aprobadas las políticas para el perfeccionamiento del sistema de normalización, metroogía, calidad y acreditación; de la informatización de la sociedad y de la actividad pesquera, así como sobre la inocuidad de los alimentos.

Estas cuatro políticas están asociadas al cumplimiento de varios Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, refiere el diario Granma.

Al presentar la política para el perfeccionamiento del sistema de normalización, metrología, calidad y acreditación, Leonardo Andollo Valdés, segundo jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, explicó que esta contribuirá a “elevar los niveles de eficiencia y competitividad en todas las esferas de la economía, así como el bienestar y la calidad de vida de la población cubana”.

En el diagnóstico realizado se evidenció la necesidad de reforzar el papel que ejerce la Oficina Nacional de Normalización como autoridad en estos temas.

Del mismo modo, las normas jurídicas relacionadas con tan importante actividad están dispersas y requieren ser atemperadas al perfeccionamiento del modelo económico cubano de acuerdo con las bases para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030.

La política se encamina al fortalecimiento de la infraestructura nacional de calidad con cuyo fin se creará el Consejo Nacional de normalización, metrología, calidad y acreditación, como órgano asesor del gobierno.

Paralelamente se deberán completar los recursos humanos y logísticos del Servicio Nacional de Metrología y garantizar la adquisición gradual de medios y equipamiento para el control metrológico.

La ejecución de esta política permitirá incrementar la calidad por todas las formas de gestión, encaminada a asegurar la eficacia de sus procesos, productos y servicios.

El Segundo jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo comentó que la política sobre la inocuidad de los alimentos está dirigida, en primera instancia, a proteger la salud.

Entre las dificultades señaló la inadecuada infraestructura técnica existente, tanto en los órganos rectores como en el sistema empresarial; la insuficiente planificación en el presupuesto de los recursos requeridos para el mantenimiento de las instalaciones y las inversiones necesarias en interés del cuidado de los alimentos; y la escasa cultura de algunos directivos acerca de la importancia vital de esta actividad.

A su vez, la política tiene entre sus principales postulados actualizar el marco institucional, jurídico y regulatorio del Sistema Nacional de control de los alimentos, aplicable a todos los elementos de la cadena alimentaria.

La política integral para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad en Cuba fue expuesta también por Andollo Valdés, quien explicó que “para el ordenamiento de la informatización en el país se han realizado diferentes acciones; no obstante, se requiere una política integral que además de ordenar, priorice las Tecnologías de la Informatización y las Comunicaciones (TIC) como un sector estratégico para la nación que coadyuve al crecimiento de la economía con el consiguiente impacto en el desarrollo de la sociedad”.

Entre los principios fundamentales que sustentan la política se destacó la necesidad de que las TIC se conviertan en un arma para la defensa de la Revolución que garantice una adecuada seguridad del ciberespacio frente a las amenazas, riesgos y ataques de todo tipo, condición imprescindible para la evolución de este sector; que se preserve la superación del capital humano asociado y que se potencie el acceso de los ciudadanos al empleo de las nuevas tecnologías.

La puesta en práctica de esta política lleva implícita la instrumentación de otras acciones, como es el caso del establecimiento de una plataforma nacional que incentive la generación de contenidos y garantice la posibilidad de socializarlos, dirigirlos a fortalecer la identidad y preservar los valores de la sociedad cubana, así como desarrollar y modernizar la infraestructura tecnológica, prestando especial atención al despliegue de la banda ancha y a la producción de dispositivos informáticos en Cuba.

De la misma manera se dedica especial atención al fomento de la industria de aplicaciones informáticas, en correspondencia con las prioridades de informatización del país y orientada a fortalecer el crecimiento de nuestra economía.

A partir de lo aprobado se crearán condiciones para facilitar la comunicación entre las diferentes instituciones gubernamentales y los trámites a la población.

María del Carmen Concepción González, ministra de la Industria Alimentaria, explicó lo relacionado con la política para la actividad pesquera, cuya implementación se orienta al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de su control.

Enfatizó la necesidad de poner en práctica una ley donde se unifiquen los instrumentos legales que regulan dicha actividad y permita la adecuada explotación de los recursos pesqueros de la plataforma.

Esta política debe constituirse en el sustento para el programa de desarrollo a largo plazo.

Se especifica la adopción de medidas rigurosas ante violaciones de lo establecido en la legislación vigente relativas a las actividades de pesca o de medio ambiente.

Entre otros aspectos, se pretende una gestión pesquera que contemple acciones de capacitación y divulgación dirigidas hacia los pescadores, administradores, empresarios, científicos y ciudadanos en interés de la sostenibilidad de las pesquerías. Se destaca la importancia del programa de desarrollo de la acuicultura, acotando que en el caso del maricultivo la inversión extranjera está llamada a jugar un papel esencial.

Correspondió a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández, presentar la propuesta de los planes de continuidad de estudios de los graduados de noveno grado hacia la Educación Técnica Profesional y el Preuniversitario, así como de los egresados de doce grado para el ingreso a la Educación Superior en el curso 2017-2018, la que fue aprobada por los miembros de este órgano de gobierno.

Explicó que para elaborar dicha propuesta, los organismos formadores y asesores, los consejos de la administración provincial y las comisiones provinciales de formación y empleo de fuerza de trabajo calificada, tomaron como base, entre otros elementos, las cifras de estudiantes para continuar estudios, los resultados de los exámenes de ingreso, la demanda de diferentes especialidades, así como la garantía de continuidad de estudios a todos los graduados de noveno y doce grados.

Respecto al proceso de inscripción de los inmuebles estatales en el Registro de la Propiedad ejecutado en los últimos años, como parte del ordenamiento inmobiliario del país, María Esther Reus González, ministra de Justicia, ofreció una información preliminar con cierre 2016.

Señaló que tanto en los organismos de la Administración Central del Estado (OACE) como en los órganos locales del Poder Popular (OLPP) el trabajo está prácticamente concluido, excepto en La Habana, donde restan algunos solares yermos por inscribir, fundamentalmente a causa de la falta de información sobre sus propietarios.

En tal sentido, puntualizó que en octubre de 2016 se realizó una convocatoria pública a las personas naturales con títulos de propiedad de solares yermos en la capital, para que puedan concurrir, hasta el 31 de marzo del presente año, a los Registros de la Propiedad y así acreditar su titularidad.

Finalmente, enfatizó en la necesidad de mantener la actualización y el ordenamiento inmobiliario del patrimonio estatal.