Panamá, 6 abr (RHC-PL) El presidente panameño, Juan Carlos Varela, dio un ultimátum de 30 días a los migrantes ilegales cubanos que se encuentran en el país, después del cual serán deportados a su nación de nacimiento.

'Ellos sencillamente tienen que definir su futuro. Mi recomendación ha sido que regresen al país de donde vienen o serán deportados a Cuba. Incluso al albergue de Cáritas (Iglesias Católica) se les ha dado 30 días más para operar, porque no podemos estar incentivando ese tipo de migración irregular al país', afirmó.

Varela reiteró que aplaude la ayuda humanitaria de la Iglesia y respalda la misma como parte de ella, pero no se puede incentivar el flujo irregular de seres humanos, porque al final estimula a los grupos ilegales que operan el tráfico de personas en la región.

También destacó que 71 cubanos que se encontraban desde hace dos meses en el albergue en la población de Lajas Blancas, en la oriental provincia de Darién, limítrofe con Colombia, pidieron trasladarse a la occidental Chiriquí, en la frontera con Costa Rica, y así se hizo.

Pero declaraciones de algunos de ellos al canal local Telemetro, dijeron sentirse engañados por el gobierno, porque allí no tienen condiciones de albergue, ni asistencia alimentaria y piden seis meses más de estancia provisional en Panamá, en espera de que Estados Unidos cambie y los reciba.

Quedaron atrapados en la política migratoria pero Panamá no cuenta con los mecanismos legales para darles un estatus migratorio, ya que ingresaron ilegalmente al país, aseveró al diario La Estrella, Jonattan del Rosario, viceministro de Seguridad.

Como última opción, al pasar los días de gracia que ofreció el Estado panameño, serán deportados a Cuba en el marco del acuerdo de entendimiento firmado entre ambos países, o también pueden acogerse a la repatriación voluntaria.

A principios de marzo permanecían en Panamá 383 cubanos alojados en la Pastoral Social Cáritas, en Ciudad de Panamá, 92 en Lajas Blancas y otros 24 en un albergue del Servicio Nacional de Migración (SNM), según datos de esa institución.

Si no se retiran voluntariamente, los que aún permanecen en el territorio serán devueltos a su país de nacimiento, lo que es 'obligatorio, no voluntario', dijo Javier Carrillo, director del SNM, en declaraciones a Prensa Latina en marzo pasado.

'El que no se quiera acoger, tendremos que aplicarle la ley. Hay algunos que de manera voluntaria están acogiéndose a la deportación. No podemos permitir que el país se convierta en centro de acopio de indocumentados', sentenció.

Ese grupo de emigrantes ilegales los sorprendió en su ruta la decisión del gobierno saliente de Barack Obama, de eliminar la política de 'pies secos, pies de mojados', que permitía el acceso libre de cubanos por las fronteras de Estados Unidos, cuando llegaban de forma ilegal.