La Habana, 28 ago (RHC) Miles de reuniones, con una presencia masiva de personas, se han celebrado en todo el país desde que el pasado día 13 se iniciara el proceso de consulta popular del Proyecto de Constitución de la República de Cuba, el cual se extenderá hasta el venidero 15 de noviembre.

El tema más discutido hasta ahora es el de la economía.

Este mecanismo inédito en el mundo, en el que el pueblo funciona como una gran asamblea constituyente, le da la oportunidad a cada cubano de opinar sobre el texto, proponiendo adiciones, supresiones, aclaraciones, ampliaciones, u otra redacción en cada uno de los párrafos del proyecto.

Como expresa Sergio Emilio Castillo Torres, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Guantánamo, la Carta Magna que se propone es adelantada, moderna, supera a todas las que ha tenido el país y está estructurada según lo más importante.

También se acoge al principio de progresividad de los derechos, ofrece igualdad, es amplia e inclusiva, de acuerdo con la doctrina actual del derecho comparado, y regirá, como Ley de leyes, la vida de las actuales y futuras generaciones de cubanos. De ahí el apoyo que recibe por el pueblo.

Un número significativo de las intervenciones ha estado enfocado en reconocer la integralidad y solidez del texto y expresar el respaldo a lo formulado en él. Otras, en proponer adiciones, modificaciones o eliminaciones y también en exponer dudas sobre el articulado del trascendental documento.

Ese comportamiento se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en el análisis del Título II, relacionado con los Fundamentos Económicos, y cuyo primer artículo, el número 20, asegura que en la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, como forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la economía, que considera y regula el mercado, en función de los intereses de la sociedad.

Ilia María Quesada Pérez, del consejo popular de Rubén López Sabariego, en la ciudad de Guantánamo, ponderó el hecho de que la empresa estatal socialista continuará siendo el sujeto principal de la economía nacional, ya que es la esencia de nuestro sistema productivo, generadora de los principales renglones y bienes de consumo.

Me siento orgulloso de que en el ­Proyecto de Constitución se reconozca a la cooperativa como una de las formas principales de propiedad, por el peso que tenemos en la producción de alimentos para el pueblo, apuntó con satisfacción Orle Matos Rodríguez, presidente de la CPA 17 de Mayo, en el Valle de Caujerí.

Consideró Orle que en el artículo 31, párrafo 119, se incluya que el trabajo debe constituir, más que un deber, una obligación para todo aquel que no tiene limitaciones para laborar, pues en todo el país hay trabajo y, sin embargo, miles de personas son vagas y viven del esfuerzo de los demás y de la sociedad, fenómeno al que no escapan las cooperativas, destaca el diario Granma.

Con ese propio párrafo tiene que ver la duda o interrogante de Guillermo Mastrapa: «¿Qué va a pasar, cómo va a proceder el Estado con las personas en edad laboral que no trabajan, que viven de los demás y constituyen un potencial delictivo?».

Héctor González López abordó la falta de correspondencia entre los precios y los salarios, mientras Josefa Cuadra Vázquez, consideró que ante los bajos salarios el Estado debe aplicar políticas reguladoras de precios a cumplir por comerciantes estatales y privados.

Añadió que la Constitución debe tener en cuenta que el bajo salario en buena parte de las entidades está provocando un éxodo significativo de trabajadores estatales hacia el sector privado, que paga mejor. Dicho fenómeno adquiere ribetes pronunciados en sectores estratégicos para el país como el educativo y el de la Construcción.

Israel Dubois Andújar elogió la medida estatal de crear el trabajo por cuenta propia para estimular la economía y generar empleos, pero cuestionó la anarquía de los precios que algunos instauran, por lo que sugirió que en la Ley de Leyes debe aparecer el mecanismo para regular aquellos.

(Granma)