Vigente desde 1975, el cuerpo jurídico se enfrenta a una ineludible transformación, teniendo en cuenta los cambios en el escenario social cubano, dada la diversidad de instituciones familiares y de las problemáticas vinculadas a ellas, resalta Prensa Latina.

A esto se suma que es preciso que las legislaciones estén en consonancia con la nueva Constitución proclamada hace casi un año, que abrió un espacio para la protección de todos los tipos de familias y reconoce derechos, principios y valores que deben ser respaldados.

El nuevo instrumento legal debe asimilar las experiencias obtenidas en la aplicación del código en uso, así como ofrecer soluciones a los complejos asuntos que en este ámbito requieren medidas jurídicas inmediatas y especializadas.

Entre estos están los concernientes a la igualdad y reconocimiento de la organización familiar en sus disímiles variantes; las relaciones parentales y de parentesco; la protección a los adultos mayores y personas en situación de discapacidad, y la violencia.

La isla no dispone, por ejemplo, de una respuesta legal a los casos de personas que tienen la guarda de menores de edad en ausencia de los padres y que, sin embargo, no pueden representarlos o tomar decisiones en su lugar.

Esa falta de reconocimiento jurídico impacta también en que no haya mecanismos para obligarlos a cumplir adecuadamente esas funciones de cuidado, en caso de que nos las estén desempeñando correctamente.

Otros aspectos que demandan revisión son los relacionados con las adopciones, pues de acuerdo con especialistas, se deben aligerar sus formalidades y desterrar todas las trabas que existen actualmente.

El fenómeno del envejecimiento poblacional es igualmente otro elemento que apunta a la necesidad de modificaciones del Código, para encontrar fórmulas que permitan velar por los intereses de los adultos mayores que lo requieran sin invalidar su capacidad jurídica.

La forma de constituir el matrimonio es, no obstante, el aspecto más polémico que sobrevendrá durante el proceso por el que atravesará el cuerpo legal antes de su aprobación, como se evidenció durante la consulta popular de la nueva carta magna.

Entonces la posibilidad de que desde el texto de la Ley de leyes se estableciera que el matrimonio es la unión entre personas, eliminando la alusión al sexo de estas, generó un debate sobre la aceptación o no del matrimonio igualitario.

El artículo en cuestión fue modificado y la Constitución aprobada, dejando para el nuevo Código de las Familias la determinación de quiénes pueden contraerlo, la autoridad competente para su formalización, los impedimentos, documentos y demás requisitos.

Ello deberá hacerse teniendo en cuenta que en el artículo 82 de la Constitución se define que el matrimonio está basado en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos y obligaciones de sus integrantes, sin precisar fines u otras aristas.

Además, debe tomar en consideración el principio de no discriminación por ningún motivo que igualmente dimana de la Ley superior, y otros cuerpos legales como las convenciones internacionales para los derechos de los niños y las personas discapacitadas.

La presentación de la propuesta de Código de las Familias ante el Parlamento cubano estaba prevista para diciembre de 2021, según el cronograma de la actual Legislatura, pero los atrasos generados por la pandemia de la Covid-19 podrían modificarlo.

Aunque la disposición transitoria decimoprimera de la carta magna precisa que en el plazo de dos años de su vigencia debe iniciarse el proceso de consulta popular y el referendo, que suceden a la presentación en la Asamblea Nacional (parlamento), la emergencia sanitaria podría generar un nuevo calendario.

Será un camino largo y angosto, dijo sobre el proceso al periódico Granma el doctor Leonardo Pérez, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.

Pero apuntó que se trata de un cambio necesario que requerirá de sentido de justicia, solidaridad familiar, entereza y mentes abiertas, para llevar a vías de hecho ese derecho al que 'política y constitucionalmente estamos llamados'.

(Prensa Latina)