La Habana, 17 nov (RHC) Francisco Silva Herrera, director general de Venta de Mercancías del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), reiteró que nadie quedará desamparado ante el proceso de ordenamiento que llevará a cabo el país para la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria, una reforma salarial, otra de precios y la eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas.

En el primero de los aspectos explicó que se reflejará en los costos de las mercancías, pues al cambiar la tasa de cambio en el sector estatal habrá un incremento de los costos de los productos importados y de la industria nacional aunque en menor magnitud, que tendrá un impacto en toda la sociedad, se reflejará en los precios mayoristas y los minoristas, en los ingresos de la población y en la capacidad de compra del salario.

Recordó que durante muchos años han pre­valecido en el país subsidios a productos y servicios, por ejemplo, los de la canasta familiar normada, lo cual permite a un grupo importante de personas acceder a un nivel de con­sumo que, por sus bajos precios, no provoca la necesidad de trabajar.

También existen otras personas con altos ingresos que son beneficiadas con estos subsidios, ello implica una forma de desigualdad, añadió Silva Herrera.

Advirtió que su eliminación será un proceso gradual, y en una primera etapa se deben mantener algunos de ellos, sobre todo los asociados a la protección de grupos vulnerables y a determinados productos y servicios.

Afirmó que el proceso permitirá eliminar la intervención del presupuesto del Estado en la formación de precios para abaratar los costos, lo cual propiciará avanzar más en el subsidio a las personas que lo necesiten.

Ello de por sí constituye una medida de protección social, partiendo de que el salario debe constituir la fuente fundamental para el trabajador y su familia, destacó.

Adelantó que se mantendrá la venta normada de productos, aun cuando algunos tengan nuevos precios, y la vinculación de los consumidores a los establecimientos ¡ donde reciben hoy la canasta, como mecanismo para evitar especulación y acaparamiento.

Una de las vías para asegurar la protección a los consumidores, sobre todo a los sectores más vulnerables, es mantener la canasta fa­miliar normada, el derecho que tienen los ciudadanos a recibir determinada estructura de productos, recalcó.

Se aplicarán otras medidas para el tratamiento de la merienda escolar en la secundaria básica, de los Sistemas de Atención a la Familia, la venta de artículos de canastilla y demás programas, incluida la atención a los niños y grupos vulnerables, así como a personas con determinadas enfermedades crónicas, subrayó el director de Ventas Minoristas del Mincin.

En el nuevo escenario, de igual manera se mantendrán las prestaciones de la Asistencia Social a los beneficiarios que la requieran, y los servicios que venían recibiendo, informó Belkis Delgado Cáceres, directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

En el país se encuentran caracterizados 3 millones 801 mil 959 núcleos familiares, de ellos se han identificado 64 mil 230 como vulnerables, no siempre por cuestiones económicas, aclaró la funcionaria del MTSS.

Comentó que para ofrecer una protección social inmediata cuentan con 6 mil 611 trabajadores sociales, se descentralizaron los trámites de la asistencia social a nivel de municipio y se aplica una protección inmediata a los núcleos vulnerables (en 72 horas se debe evaluar y aprobar la prestación a partir de la declaración de las personas).

A decir de la directiva, en Cuba el presu­puesto para estos programas siempre ha estado disponible, nunca se ha cuestionado, incluso se han abierto nuevos servicios y se ha destinado el dinero para ejecutarlos y mantenerlos.

Haydée Franco Leal, subdirectora general del Instituto Nacional de Seguridad So­cial (Inass), señaló que se concibió un incremento de la pensión mínima, considerada a partir de una canasta de bienes y servicios de referencia que garantice la adquisición por el beneficiario de productos alimenticios y no alimenticios básicos, y el pago de determinados servicios.

Precisó que siempre se respetaría el principio que hasta hoy ha regido de las escalas para estos desembolsos, basadas en las cuantías originales de las pensiones que tuvieron los trabajadores en el momento que accedieron a esta.

María Molina Gutiérrez, vice­ministra de Trabajo y Seguridad Social, agregó que el incremento de las pensiones siempre ha estado dirigido a las de vejez e invalidez total (largo plazo), y a las pensiones por muerte consecuentemente aumentan, pero en la medida que contempla la ley.

Aclaró que el monto de la pensión siempre será inferior a un salario, pues este último debe permitir suplir las necesidades del trabajador y su familia, mientras que la primera va dirigida solamente al beneficiario.

En un nuevo contexto, aún con la eliminación de subsidios, habrá una mejoría de los salarios y las pensiones, lo cual permitirá que personas que hoy son consideradas como vulnerables puedan ser solventes económicamente.

También implicará que otras que hoy no trabajan necesiten buscar empleo para saldar sus gastos y que aquellos que, por determinadas características personales o de su núcleo familiar, no puedan acceder al mercado laboral o incluso haciéndolo, se queden en desventaja, recibirán ayuda de la Asistencia Social.

El proceso de ordenamiento monetario en Cuba será mucho más que eliminar la circulación de una moneda, pero este complejo proceso, que impactará en todos los ámbitos de la vida del país, no significa que la Revolución deje de ser consecuente con sus principios y la protección a los más desfa­vorecidos. Muchos han sido los esfuerzos para encontrar la manera de hacer realidad las palabras de Raúl en el VII Congreso del Partido Comunista y garantizar con hechos que en nuestro país nadie quede desamparado.

(ACN)