La Habana, 12 ene (RHC) En el contexto del ordenamiento monetario en Cuba resaltan las fortalezas del sistema de asistencia y seguridad social, bajo el principio de que nadie quede desamparado, aseguró la ministra de Trabajo, Marta Elena Feitó.

En el programa televisivo Mesa Redonda, la funcionaria aportó datos que corroboran la voluntad política de atender a las personas más vulnerables de la sociedad, ya sea con prestaciones monetarias o de salud.

Tras la puesta en práctica de la Tarea Ordenamiento, el pasado primero de enero, a los beneficiados por la seguridad social se les aumentó la pensión, cuyo límite mínimo se fijó acorde al costo de la canasta básica de bienes y servicios, así como se incrementó cinco veces (a mil 260 pesos) la prestación por asistencia social, dijo.

Informó que 76 mil 810 personas (jubilados, casos sociales, discapacitados, embarazadas y otras) están incluidas en el sistema de atención a la familia, servicio de almuerzo y comida que se brinda en la comunidad a quienes tienen limitaciones para elaborar sus alimentos.

De ellos, 12 mil están subsidiados por asistencia social, y todo el que requiera de este apoyo lo recibirá, lo que no puede pasar es que abandonen este beneficio por cualquier motivo, apuntó.

Al recordar el alto grado de envejecimiento de la población cubana, la ministra destacó la política del Gobierno para enfrentar esta situación, la cual incluye la reparación de los 157 hogares de ancianos y las 300 casas de abuelos existentes, con el fin de ofrecer servicios de mayor calidad. Por otra parte, cuatro mil 37 madres de hijos con discapacidad severa están protegidas en el país; su empleo es cuidarlos y cuando lleguen a la edad de jubilación pueden acceder a ella, significó Feitó.

Entre otros servicios, la funcionaria mencionó que existen más de cinco mil asistentes sociales que ayudan a cerca de ocho mil personas necesitadas en tareas de aseo personal, alimentación u otras.

También mantienen el pago del consumo eléctrico a 153 hogares donde existen pacientes que presentan enfermedades crónicas, y se protegen a miles de núcleos familiares vulnerables, precisó.

La funcionaria refirió que ante inquietudes de trabajadores que por diferentes motivos gastaron el anticipo de mil pesos otorgados en diciembre para asumir la subida de precios a partir de enero, se decidió que, a solicitud del interesado, la administración del centro laboral puede pactar el adelanto de igual cantidad de dinero.

Se trata, dijo, de un financiamiento salarial que el trabajador deberá devolver en un término que no exceda los cuatro meses, a razón de 250 pesos mensuales. Este pacto 'es un derecho, no una obligación', subrayó Feitó.

(Prensa Latina)