Sánchez ratificó que ningún acusado menor de 16 años ha sido sancionado
penalmente por los tribunales. Foto tomada de PL
La Habana, 19 ago (RHC) Autoridades jurídicas de Cuba aseguraron que los procesos tras los disturbios de julio último avanzan con las garantías legales requeridas.
El magistrado del Tribunal Supremo Popular (TSP), Joselín Sánchez precisó al diario Granma que "las investigaciones de actos más agresivos, violentos y dañinos todavía no han entrado a los tribunales".
Hasta la fecha siguen en curso las investigaciones sobre los hechos de mayor gravedad mientras que prosiguen los procesos por delitos de menor entidad en tribunales municipales.
El también director de Supervisión y Atención a la Población del TSP informó la radicación, hasta el momento, de 23 causas vinculadas a los sucesos y 67 acusados juzgados.
"La tipicidad delictiva predominante es el desorden público con 58 implicados, si bien existen otras como resistencia y daños", añadió.
Sánchez subrayó que entre las garantías previstas por la ley destacan el derecho a aportar pruebas, tanto por parte del denunciante como del acusado; comparecer este último con un abogado de su elección; declarar o abstenerse de hacerlo, así como el derecho a establecer recursos.
"Ningún acusado menor de 16 años, edad mínima de responsabilidad penal en el país, ha sido sancionado penalmente por los tribunales, ratificó el magistrado.
Por su parte, la fiscal jefa de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, Lisnay María Mederos afirmó que se mantiene el seguimiento a los sucesos del 11 y 12 de julio.
Dijo que continúa la tramitación de los procesos investigativos sobre hechos de mayor connotación, en los cuales se pusieron de manifiesto actos de violencia contra personas, autoridades y bienes.
Estos recibieron medidas cautelares de fianza, reclusión domiciliaria y prisión provisional.
"De estos procesos ya se concluyó un grupo en los cuales la Fiscalía evalúa las decisiones procesales a adoptar, y el resto está próximo a su terminación", señaló.
Mederos recalcó que es una obligación velar por la legalidad de las actuaciones, los términos en la toma de decisiones, la determinación de la responsabilidad individual y las circunstancias concurrentes, unido a la proporcionalidad y racionalidad, en correspondencia con la defensa de los bienes jurídicos protegidos. (Fuente: PL)
