Foto tomada de Radio Bayamo
La Habana, 24 ago (RHC) El profesor de Derecho Constitucional, Yuliesky Amador afirmó este martes que el Decreto-Ley 35 regula las telecomunicaciones en Cuba, prohíbe la difusión de noticias falsas y la incitación a la violencia, pero no impide la libertad de expresión en Internet.
El especialista declaró a la agencia Prensa Latina que el objetivo de la nueva normativa ha sido tergiversado por las mismas personas que usan las redes sociales para las campañas de subversión contra nuestro Gobierno.
"Este Decreto-Ley nace a partir del cronograma legislativo previsto para Cuba tras la aprobación de la Constitución de la República en 2019 y no es resultado de la arbitrariedad de personas o Ministerios, como tampoco tiene que ver con los recientes disturbios del pasado 11 de julio", enfatizó.
Según el experto, el texto publicado en la Gaceta Oficial la semana pasada no prohíbe las publicaciones o interacciones en las redes sociales, sino que "pone límites a los contenidos que por su carácter ofensivo atenten contra el Estado cubano y los ciudadanos".
"Son cuestiones que ya están contenidas a partir del artículo 45 de la Carta Magna, el cual explicita que el ejercicio de las personas solo está limitado por la seguridad colectiva, el derecho de los demás, por el respeto al orden público y a las leyes", señaló Amador.
Dijo que esta legislación no entra en contradicción con el acápite 54 de la Constitución, que aborda la libertad de pensamiento, expresión y conciencia, "tampoco con el Decreto-Ley 370 sobre la informatización de la sociedad", acotó.
"Cada país soberano puede regular estos temas. Francia desde 2018 posee una ley contra la manipulación de la información; Brasil en 2020 aprobó una sobre la libertad, la responsabilidad y la transparencia en internet", añadió el catedrático.
Recordó que Argentina cuenta con el Observatorio de la Información y de la vigilancia simbólica en medios de plataformas digitales; mientras que Estados Unidos desde 2001 mantiene el Centro de Compromiso Global del Departamento de Estado.
Aseguró que Cuba tuvo en cuenta las mejores experiencias de cada una de estas normativas, así como los principios del derecho internacional.
"El Decreto-Ley 35 protege los intereses de los ciudadanos, promueve y facilita el uso de las telecomunicaciones para mejorar las condiciones de vida de la población, busca acercar aún más todos estos servicios y elevar la ciberseguridad para que no se atente contra el orden interior", puntualizó.
Para Amador, esta normativa fortalece la soberanía en la utilización del espacio radioelectrónico en el territorio nacional, lo cual aparece recogido también en el artículo 11 de la Constitución.
"Los promotores de campañas subversivas están molestos porque este decreto evita la transmisión de noticias falsas, la incitación a la violencia, prohíbe acciones que atenten contra la moralidad pública, incluso evita el acoso y en sentido general, todo lo que afecte la integridad y el honor de una persona", refirió el miembro de la Sociedad Cubana de Derecho e Informática. (Fuente: PL)
