Por: Noel Martínez
Jagüey Grande, Cuba, 22 oct (RHC) Fundado en 1863 el ingenio Australia ha estado de una manera u otra en la historia de Cuba.
Creado por los hermanos Antonio y Máximo Mora, el pequeño ingenio recibió el nombre de Australia, un toponímico bastante discutido por los historiadores quienes no se ponen de acuerdo en cuanto a su origen, aunque la tesis más aceptada es que al quedar muy al sur de Matanzas sus dueños hicieron un paralelismo con la isla continente de igual nombre.
El 10 de febrero de 1869 estalló la insurrección de Jagüey Grande, movimiento independentista auspiciado por la Junta Revolucionaria de La Habana y que fue dirigido por Gabriel García Menocal, entonces administrador del ingenio Australia y que marca la única participación del Occidente cubano en la Guerra de los Diez Años.
Para los aspectos militares del alzamiento, los patriotas contaba con el militar mexicano José Inclán, natural de Puebla, que ostentaba el grado de coronel; en un acción simbólica los alzados tomaron el poblado de Jagüey Grande e izaron la bandera cubana en lo alto del campanario de la Iglesia, protagonizando después varias acciones bélicas en áreas rurales próximas a la Ciénaga de Zapata.
Por diversas razones aquel movimiento revolucionario fracasó y entre las medidas represivas aplicadas por las autoridades españoles estuvo la confiscación del ingenio Australia, una vez probada la participación de los hermanos Mora en aquella acción revolucionaria.
A partir de ahí, el ingenio fue administrado por la Junta de Bienes Embargados, quien cedió la explotación de la industria a Antonio Álvarez quien lo mantuvo en funcionamiento hasta 1908, entrando en un período de inoperancia hasta 1916, pasando la propiedad a los hijos de Antonio Álvarez, de origen español, que administraba la industria desde finales del siglo XIX.
Los nuevos propietarios, Eugenio y Alberto Álvarez Hernández, desarrollaron un fuerte proceso inversionista edificando, entre 1914-1916, una nueva industria con la tecnología más avanzada de la época, lo cual fue posible por las nuevas condiciones internacionales que elevaron el precio del azúcar y permitieron operaciones financieras a propietarios relativamente poco importantes como los del Australia.
La muerte en un accidente ferroviario de Alberto Álvarez -uno de los hermanos propietarios- cambio el rumbo futuro de la industria.
El Australia tuvo que ser vendido por su dueño Eugenio Álvarez en 1920, recibiendo parte en efectivo y el resto en pagarés nominativos. Su producción acorde a las nuevas capacidades instaladas fue bajando, llegando a ser de 48 490 sacos (7 163 toneladas) en 1925.
En estos años comenzó un proceso de operaciones financieras con el central Australia que llevaría a numerosos procesos hipotecarios, cesión de derechos, remates, e incluso procesos judiciales en todo el período republicano.
Durante el gobierno de Ramón Grau San Martín, en una operación financiera poco transparente, la propiedad del Australia fue a manos de Antonio Zubillaga Gorostiaga, Carlos Prío Socarras y la viuda del Dr. Cartaña Sánchez. Para esa fecha el que después sería presidente de la República, Prío Socarras, ocupaba el cargo de Primer Ministro y Ministro del Trabajo, de ahí que la operación financiera con el Australia no estuvo clara.
DICSA, la empresa pantalla para el fraude
El 30 de octubre de 1957 se crea por acta notarial ante el abogado Virgilio Sánchez-Ocejo y Ocejo la Compañía de Derivados Industriales de la Caña con las siglas DICSA y que constituyó una “compañía fachada”para la ejecución de un lucrativo y sucio negocio de Fulgencio Batista y un grupo de sus allegados.
DICSA surgió como una compañía de capital mixto entre el Estado cubano, representado por el Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES) y un grupo de inversores privados.
Si bien el nombre de Fulgencio Batista no aparece en la lista de los fundadores, la presencia allí de Juan Ramón Rodríguez Rivera en representación del BANDES -organismo financiero controlado por la dictadura batistiana hasta en sus más mínimas operaciones- garantizaba los intereses del dictador, mientras los otros inversionistas-Leopoldo Casas Hernández, Bernardo Figueredo Antúnez, Pablo Alcides Pérez Páez, Ectare Reynaldo y Zúñiga e Ignacio José Lizama y Ferras- mantenían estrechos vínculos con el gobierno golpista que asumió el poder el 10 de marzo de 1952.
DICSA fue constituida con un capital inicial de 2 millones 500 mil pesos, de los cuales 2 millones 499 mil 500 pesos fueron aportados por el BANDES que representaba al Estado cubano, mientras el resto de los socios aportaron cada uno 100 pesos.
Pensando a futuro y como parte de la estrategia para cometer el fraude financiero, en el acta de constitución de DICSA se estableció en su Artículo 60 que El activo que arrojase la liquidación social, una vez satisfechos todas las obligaciones será repartido entre los accionistas en proporción al número de acciones que cada uno posea.
Con ese capital inicial la nueva compañía compró a Antonio Zubillaga Gorostiaga, a la viuda del Dr. Cartaña Sánchez y al expresidente Carlos Prío Socarras -derrotado por el golpe de Estado de Batista y en ese momento en el exilio- las propiedades del central Australia integrada por la fábrica de azúcar, las líneas férreas, tierras, cañaverales, carros de caña, casa de vivienda, edificio administrativo, un hotel y la Compañía Alcoholera Tropical S.A. -destilería Tropical- y la Compañía Subproductos de Mieles S.A, inscripta como Molasses By-Products Company S.A. dedicada a la producción de levadura para la alimentación animal.
A partir de esa compra toda la propiedad se renombró como Nueva Compañía Azucarera Central Jagüey Grande S.A.
Fraude y robo de los fondos públicos
El 10 de febrero de 1958, apenas tres meses después de constituir DICSA y comprar el central Australia y sus dependencias, Batista y sus testaferros protagonizaron un fraude y desfalco de los fondos públicos en beneficio personal.
En esa fecha DICSA fue disuelta y sus bienes distribuidos entre sus socios.
Violando el Artículo 60 del acta de constitución de la compañía que establecía la distribución de los activos acorde a la participación financiera de cada accionista, el Estado cubano representado por BANDES y quien más había aportado al capital inicial, solo recibió el central Australia, mientras Batista y sus amigos se apropiaron de cuantiosas propiedades.
Usando de nuevo los servicios del bufete de Virgilio Sánchez-Ocejo y Ocejo, DICSA fue disuelta y se dividió en dos nuevas empresas: Central Jagüey Grande S.A. propiedad del Estado cubano representada por BANDES y Nueva Agrupación de fincas Central Jagüey Grande y donde los accionistas eran Batista y sus compinches.
Esta última compañía adquirió un capital inicial de 2 millones de pesos y la propiedad de todas las tierras cañeras del Australia, el ferrocarril Australia-Ensenada que cruzaba por los pantanos de la Ciénaga de Zapata, la Compañía Alcoholera Tropical S.A. y la Compañía Subproductos de Mieles S.A.
Además de esos beneficios materiales, los delincuentes de cuello blanco asociados a Batista impusieron una clausula en el contrato que obligaba al renombrado Central Jagüey Grande S.A -propiedad del Estado cubano- a proporcionar de manera gratuita y permanente agua, electricidad, mieles y otros servicios a la destilería y la fábrica de levadura, en lo que constituía un verdadero atraco.
De esta manera con una inversión inicial de apenas 100 pesos por accionista, Batista y sus socios se hicieron de propiedades que superaban los 2 millones de pesos en valores, más los resultados a futuro de las producciones. Sin dudas uno de los negocios más sucios y un robo monumental de los fondos públicos protagonizados por la dictadura de Fulgencio Batista.
Australia, un hito en la historia
La historia destinó una página destacada para el central Australia después del triunfo de la Revolución.
El 17 de abril de 1961 fuerzas invasoras, entrenadas, equipadas y pagadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos desembarcaron por varios puntos de la Bahía de Cochinos, lo que se conoce como la invasión por Playa Girón.
Ubicado a 30 kilómetros del escenario de aquella agresión, en el central Australia fue el primer sitio donde se conoció la infausta noticia.
De allí salieron los primeros combatientes que repelieron el artero ataque mercenario, el Batallón 339 de Cienfuegos y un pequeño pelotón de milicianos de Jagüey Grande y el central Australia fueron los primeros en entrar en operaciones contra el contingente invasor de la CIA.
Con las primeras luces del alba del 17 de abril de 1961 llegaba la Escuela de Responsables de Milicias de Matanzas al mando del capitán José Ramón Fernández, quien por orden de Fidel estableció en el antiguo edificio de la Administración del central Australia la Comandancia de las FAR.
Desde ese histórico sitio -escenario anterior de disputadas y sucios negocios en la época de la República- Fidel impartió las primeras orientaciones para enfrentar y derrotar a los mercenarios, que 66 horas después de iniciada la aventura bélica se rendian ante el pueblo cubano.
Fue desde el central Australia donde Fidel inició la ofensiva que derrotó a los mercenarios, entrando así ese sitio en la historia de Cuba como la Comandancia de las FAR.
Borrando las huellas
Al triunfo de la Revolución el central Australia no fue necesario nacionalizarlo, pues legalmente era una propiedad del Estado cubano, no así las tierras, la destilería, la fábrica de levadura y el ferrocarril que fueron considerados como bienes malversados por la dictadura.
Si bien el Gobierno Revolucionario recuperó los bienes, nunca apareció la documentación de aquel monumental fraude financiero protagonizado por Batista y sus amigos.
Un hallazgo fortuito ocurrido a mediados de los años 80 del pasado siglo, cuando investigadores del Museo La Comandancia de las FAR -ubicado en al antiguo edificio administrativo del central Australia-, encontraron ocultos en un edificio de Jagüey Grande una enorme cantidad de documentos de la época de la dictadura y donde se encontraban las actas notariales de todos aquellos manejos fraudulentos protagonizados por Batista y sus compinches y que ahora salen a la luz, cuando algunos amparados en el Título III de la Ley Helms-Burton pretenden reclamar y recuperar propiedades, muchas de ellas obtenidas por caminos tan sucios y tramposos como los usados en el central Australia. (Fuente: Radio Reloj)
