por Roberto Morejón

Con la valentía y nitidez exigidos por el asunto, el canciller de Ecuador, Guillaume Long, expuso en la ONU la inquietud de América Latina por los efectos negativos de las políticas de Estados Unidos sobre la migración irregular y su impacto en la región.

En la Cumbre de la ONU sobre Refugiados y Migrantes fue objeto de atención la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano por Washington.

Los participantes escucharon la denuncia del jefe de diplomacia ecuatoriana sobre el silencio de Estados Unidos a una carta enviada por nueve cancilleres de países latinoamericanos.

Los firmantes dirigieron su misiva al secretario norteamericano de Estado, John Kerry, el 29 de agosto pasado, en la que solicitan la revisión de la Ley de Ajuste Cubano y las medidas ejecutivas que conforman la llamada ley “pies secos, pies mojados”.

En el texto, los signatarios patentizaron las afectaciones a la región por el flujo irregular de cubanos hacia territorio norteño, expuestos al tráfico de seres humanos, y exigieron al destinatario examinar su política migratoria hacia la mayor de las Antillas

Tanto la carta de referencia como el discurso del canciller Guillaume Long ante la ONU pusieron de relieve que a diferencia de lo aplicado por Estados Unidos a cualquier migrante, a los cubanos los reciben y les otorgan la residencia un año después de la llegada.

Gracias a la controvertida Ley de Ajuste Cubano, la acogida a los cubanos es inmediata y automática sin interesar las vías y medios utilizados en su empeño, incluso ilegales.

El Ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores calificó de crisis el movimiento migratorio de ciudadanos cubanos que salen de su país legalmente y emprenden un largo y riesgoso camino hacia Estados Unidos pasando por América del Sur y el istmo centroamericano.

Guillaume Long fue directo en su mensaje: “La ley estadounidense de Ajuste Cubano de 1966 y la política de 'Pies secos, pies mojados' es un ejemplo de cómo las leyes migratorias de un país son utilizadas para afectar la soberanía de otro y crea una discriminación inaceptable".

Y contrastó actitudes que ponen en tela de juicio a un país que se considera paladín de los derechos humanos.
"Mientras  Estados Unidos deporta mil 200 ecuatorianos por año, alienta la migración riesgosa de ciudadanos cubanos".

En la misma línea se pronunció el presidente panameño, Juan Carlos Varela, al desear que el acercamiento entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos resuelva también la migración ordenada.

En el máximo organismo internacional, las voces latinoamericanas han demandado el fin de la Ley de Ajuste Cubano, a lo que se opone el país norteño, aun cuando el Departamento de Estado guarda un silencio irreverente ante la carta recibida.