por Guillermo Alvarado

Una caravana formada por organizaciones sociales, familiares y padres de los 43 estudiantes del municipio mexicano de Ayotzinapa, desaparecidos hace más de dos años en el estado de Guerrero, avanza hacia la capital de ese país para exigir que se divulgue la verdad de lo ocurrido con los jóvenes y que se conozca cuál fue su destino y el eventual paradero de sus restos.

Como se recordará, el 26 de septiembre de 2014 un grupo de normalistas, como se conoce allí a quienes cursan estudios de magisterio, salió de Ayotzinapa con destino a la ciudad de Iguala para participar en una protesta y exigir mejores condiciones para realizar sus actividades docentes.

En esa urbe fueron interceptados por policías municipales que dieron muerte a tres de los muchachos y entregaron a bandas del crimen organizado a los otros 43, de quienes no se volvió a tener noticia alguna.

Aunque decenas de personas, entre ellas el alcalde de Iguala y su esposa, fueron detenidas e interrogadas, no existe todavía una versión oficial de los hechos y los familiares permanecen en la incertidumbre.

Un informe original de las autoridades mexicanas, de que los jóvenes fueron asesinados por los delincuentes, sus cadáveres incinerados por completo en un basurero de una comunidad cercana, y las cenizas tiradas a las aguas de un río, fue rechazado por una comisión de forenses de diversas nacionalidades, debido a que no existe ningún fundamento científico que lo avale.

Una de las demandas de los padres de los 43 de Ayotzinapa es la creación de una fiscalía internacional para investigar al gobierno que preside Enrique Peña Nieto, debido a la falta de voluntad para descubrir la verdad sobre el caso.

También crea suspicacias la reticencia del ejército mexicano de permitir una indagación en el interior de un cuartel ubicado en las cercanías y donde se presume que todos, o algunos de los estudiantes, pudieron permanecer después del secuestro.

Los familiares también denunciaron que existe colusión entre autoridades locales y las estructuras del crimen organizado, de manera particular con bandas del narcotráfico que operan en el estado de Guerrero.

Los manifestantes hicieron un alto en Iguala para rendir tributo a los tres jóvenes muertos y luego continuaron su viaje rumbo a la capital mexicana, donde concluirán su periplo en la emblemática basílica de Guadalupe el 26 de diciembre, justo cuando se cumplen 27 meses de los trágicos acontecimientos.

El caso ha concitado la atención internacional y puso en evidencia los elevados grados de impunidad que existen en el país, donde en los últimos años han desaparecido cerca de 29 mil personas, de acuerdo con informes oficiales.

La cifra podría ser mayor debido a que muchas familias se abstienen de presentar una denuncia por temor a sufrir represalias.

El caso de los 43 de Ayotzinapa sirvió para arrojar más luz sobre este penoso fenómeno, si bien la reacción del gobierno y los aparatos de justicia de México ha sido lenta y, en ocasiones, inexistente a pesar de las críticas locales y de organismos internacionales que exigen transparencia y verdad.