por Guillermo Alvarado

Dentro de todas las cosas que el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se propone desmontar cuando entre a la Casa Blanca figura la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, más conocida como Obamacare, en alusión a que se trata de una iniciativa del aún jefe de Estado, Barack Obama.

A diferencia de la mayoría de los países desarrollados, en la nación norteña no existe un sistema público de seguridad sanitaria y los ciudadanos para acceder a la atención médica deben comprar un seguro en empresas privadas, que tienen muy pocas regulaciones y gozan de amplia libertad para fijar los precios o condiciones, a veces muy difíciles de cumplir.

En ese país cerca de la mitad de la población consigue el seguro por medio de sus centros de trabajo; otro sector muy limitado lo compra directamente y hay quienes están adscritos a un programa diseñado para los más pobres, conocido como “medicaid”, y otro para los mayores de 65 años, el “medicare”.

Sin embargo, de acuerdo con estadísticas oficiales alrededor del 16%, es decir unos 50 millones de estadounidenses, estaban fuera del sistema, ya sea porque carecen de empleo, o porque las aseguradoras los descartan o les cobran un precio muy elevado por este servicio.

Hacer una reforma de salud para permitir que una parte de estos 50 millones de individuos puedan acceder a la atención médica fue una de las promesas de campaña de Obama y en buena medida se cumplió aunque su aplicación aún es parcial.

Entre los puntos fundamentales del Obamacare figuran que no se puede negarle un seguro a una persona por sufrir padecimientos crónicos al momento de solicitarlo, ser obeso o tener un historial de enfermedades graves, como cáncer.

Además, las empresas con más de 50 trabajadores deben proporcionar a sus empleados un seguro desde el 2015; y las de 25 o más empleados con sueldos por debajo de los 40.000 dólares anuales tendrán desgravaciones fiscales si les contratan ese servicio. Se amplían también las facilidades para entrar al “medicaid”.

A pesar de esta reforma, en lo sustancial los servicios de salud pasan por las aseguradoras privadas, si bien cambia que ahora éstas no pueden negarse a otorgarlos.

En 2017 será obligatorio que todas las personas tengan un seguro médico o se les impondrán multas, con excepción de los inmigrantes indocumentados.

Desde el principio el partido Republicano arremetió contra este proyecto y logró obstaculizarlo hasta que en 2012 la Corte Suprema de Justicia lo calificó de constitucional. El principal argumento es que el gobierno se está entrometiendo en un aspecto que, según ellos, es totalmente del ámbito particular, el cuidado de la salud.

Se trata de una concepción elitista, según la cual las mejores atenciones las tienen los más adinerados y los pobres se quedan fuera, sin que el Estado pueda intervenir.

Donald Trump sigue por completo esta línea, pero lo más grave es que hasta ahora se ha limitado a decir que destruirá el Obamacare, que no es perfecto pero es mejor que nada, sin ofrecer ninguna alternativa para quienes quedarán desprotegidos, que son ciudadanos estadounidenses privados de los elementales derechos humanos a la salud y la vida.