Por: María Josefina Arce

Durante casi veinte años la derechista ARENA, Alianza Republicana Nacionalista, gobernó El Salvador, dejando al país en una critica situación social. Cerca del 50 por ciento de los salvadoreños vivían en la pobreza y el desempleo rondaba el 43 por ciento.

La mayoría de los ciudadanos no tenían acceso a la salud, educación, al tiempo que vivían en una situación de gran violencia e impunidad. Los gobiernos de ARENA saquearon las arcas públicas. Conocidos son los escándalos por corrupción que involucran a ex presidentes como el fallecido Francisco Flores.

De acuerdo con las investigaciones la corrupción en los periodos de gobierno de ARENA superó los 37 mil millones de dólares. A esto se suma que durante dos décadas se fue a la privatización de importantes servicios como la electricidad, la telefonía y la banca.

Las pensiones también fueron afectadas en todo el proceso de privatización que tuvo lugar en El Salvador, como parte de la política neoliberal que durante dos décadas desangró al país y llevó a la miseria a numerosas familias.

El tema vuelve a ocupar en la actualidad la atención de la sociedad salvadoreña y por supuesto, ha provocado diversas reacciones, sobre todo de la oposición que defiende el actual esquema, que, como ha aclarado el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, no garantiza una pensión para todos.

La reforma que promueve el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén busca garantizar una pensión mínima y para toda la vida a todos los cotizantes del sistema, que actualmente excluye de este beneficio a un alto porcentaje de la población.

Norma Guevara, jefa del grupo parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, aseguró que urge, en El Salvador, la reforma de pensiones.

Señaló que ha quedado demostrado que la privatización de las pensiones aprobada en 1996 y aplicada plenamente desde 1998, bajo el mandato de ARENA, inició un ciclo de endeudamiento público sin cumplir lo establecido en los artículos 131 y 228 de la Constitución'.

Hay que aclarar que las autoridades no pretenden que el Estado se apropie de los fondos de pensiones, como han querido hacer ver los opositores al proyecto, que promueve establecer un sistema mixto.

En esta propuesta serán las mismas Administradoras de fondos de pensiones (AFP) las que seguirán manejando los ahorros de los cotizantes. Estas entidades se mantendrán, tendrán derecho a sus utilidades, podrán cobrar una comisión, van a administrar el dinero; el Estado no va a recibir el dinero (…) sino que va a crear un fondo, afirma el gobierno.

La situación, como bien ha apuntado el gobierno, es compleja. En los primeros meses de este año, los límites de endeudamiento para pagar pensiones llegan a su tope y no habrá con qué seguir pagándolas si no se hacen las reformas que aseguren al Estado la solvencia necesaria para enfrentar este compromiso.

'La esencia del problema es simple, pero ha sido ocultada por el interés de los privatizadores: se endeuda ilimitadamente al Estado en virtud de decretos que no establecieron la fuente de financiamiento, mientras se hacen negocio para los privados', denunció la parlamentaria del Frente.

La base de esa reforma urgente está clara en la propuesta presentada por el presidente Salvador Sánchez Cerén el año recién pasado y que consiste en crear un pilar público al cual contribuyan todos los cotizantes, con la misma tasa de cotización vigente, subrayó.