por Roberto Morejón

Cuba abre sus puertas al examen objetivo de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las víctimas de la Trata de Personas, al iniciar una visita oficial por invitación de las autoridades.

La permanencia de la funcionaria italiana en La Habana y en las occidentales provincias de Matanzas y Artemisa en representación de la ONU se inscribe en las acertadas relaciones de Cuba con ese organismo mundial.

Como parte de un examen que no responde a una selectividad, María Grazia Giammarinaro constatará el compromiso de Cuba con el cumplimiento de sus obligaciones frente a la repudiable trata de personas, especialmente mujeres y niños.

Casi un mes antes, Cuba rindió en Ginebra un informe al Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, en el que puso de relieve la ausencia de personas sin paradero, torturadas y detenciones clandestinas.

Ahora corresponde la oportunidad de entrar en contacto con Cuba a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las víctimas de la Trata de Personas.

El viaje se atempera al periódico examen de los organismos especializados a países miembros, pues se trata de un flagelo de alcance mundial, aunque hay avances para contrarrestarlo.

Los importantes programas de Naciones Unidas, la colaboración de los gobiernos y los planes preventivos de muchos de ellos, contribuyeron a los progresos señalados.

Sin embargo, todavía se registran numerosos casos en el plano internacional, pues entre 2012 y 2014 se detectaron más de 500 flujos de tráfico.

Cuba presenta una situación positiva aunque se registran incidentes aislados y se afianza la atención de las autoridades.

Para el Estado y la sociedad civil esos delitos son de máxima prioridad y a tal efecto se aplican las acciones y medidas encaminadas a acentuar su prevención, fortalecer su enfrentamiento y sancionar drásticamente a los responsables.

Los aciertos en asistencia social y seguridad ciudadana, el acceso gratuito a los servicios de salud y educación y los altos niveles de instrucción son factores que conforman un escudo contra la aberrante trata de personas.

Un informe oficial sobre el enfrentamiento jurídico-penal a esos delitos arroja que durante 2015 los tribunales siguieron 52 causas por proxenetismo y 90 por corrupción de menores, y en diez de los expedientes destacaban rasgos de trata de personas.

Si bien la protección a las víctimas está garantizada y los mecanismos de seguridad anulan la posibilidad del surgimiento de mafias, el Estado, las organizaciones de masas y la población ejercen vigilancia.

La tolerancia es cero y así lo podrá constatar el organismo especializado de la ONU en un país donde la transparencia está garantizada.