por Guillermo Alvarado

La fiscalía para los delitos contra la libertad de expresión de México reconoció que de decenas de casos de asesinatos contra comunicadores recibidos en esa oficina, sólo se logró la condena de tres personas por la autoría material de los hechos, lo cual significa que la impunidad rodea a la inmensa mayoría de estos crímenes.

Como señaló recientemente el diario La Jornada, la muerte de un periodista suele ser la fase final de conspiraciones donde participan muchos intereses y personas, por lo que existen varios autores intelectuales, sin duda muchos más que materiales, y que sin embargo escapan al castigo previsto por las leyes.

En la práctica esto significa la denegación de justicia para quienes cumplen la función de informar a la sociedad de lo que ocurre, dentro y fuera del país, una profesión que se ha convertido en oficio de alto riesgo en una nación donde la violencia alcanza límites intolerables.

No tiene entonces nada de extraño que los casos se multipliquen, al grado de que en los últimos 45 días van cuatro periodistas asesinados en distintos lugares del país.

El último caso ocurrió el viernes pasado en Baja California Sur, donde Máximo Rodríguez, quien laboraba para un blog de noticias, fue ultimado a tiros cuando llegaba a un supermercado acompañado de su esposa que sufre limitaciones físicas.

Si bien la policía no tiene ningún detalle, testigos señalaron que la ejecución se realizó utilizando armas de grueso calibre, que en México utilizan tanto el ejército como el crimen organizado.

Hasta el momento la Procuraduría de los Derechos Humanos de la República, una instancia gubernamental, se ha limitado a abrir expedientes y solicitar información a las autoridades federales, pero muy poco se ha avanzado hacia la identificación de todos los responsables, su captura, proceso y condena.

Desde el año dos mil se registraron en México los asesinatos de 120 periodistas, muchos más que los 79 comunicadores muertos durante toda la guerra de Vietnam, de 1955 a 1975, considerado como uno de los más letales para quienes fueron a cubrir informativamente la contienda.

Más que un efecto colateral de la guerra contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado, la arremetida contra los periodistas mexicanos forma parte de una estrategia para mantener el control sobre los medios de comunicación, opinó el analista Raúl Zibechi.

De acuerdo con el autor existe una alianza narco-empresarial-estatal dispuesta a actuar sin contemplaciones contra quienes, desde una redacción, la cabina de radio o la pantalla del televisor pretendan descubrir los entresijos de tal mecanismo que va ocupando cada vez más el papel del Estado.

Es decir, señala Zibechi, no matan sólo por ser periodista; matan porque existe un compromiso con la verdad y con el pueblo que es, en última instancia, la verdadera víctima de una guerra atroz, impuesta desde el norte con el pretexto de combatir el trasiego de estupefacientes, un crimen que florece mientras crecen el dolor, la rabia y la impotencia de los inocentes.