por Roberto Morejón

La oposición derechista prosiguió su arremetida desestabilizadora contra el gobierno constitucional de Venezuela al lanzar nuevamente a las calles a sus fuerzas beligerantes y activar grupos violentos, a pesar del llamado al diálogo del presidente Nicolás Maduro.

El Jefe de Estado convocó a un diálogo creador al encabezar una reciente demostración popular a favor de la paz.

Esta semana se congregaron centenares de miles de venezolanos en apoyo al gobierno y para demandar cero impunidad de los organizadores y ejecutores de hechos vandálicos.

Sin embargo, los poderosos medios de prensa privados y las transnacionales de la información en el mundo trataron de minimizar el alcance de la manifestación chavista, porque el objetivo es presentar al gobierno desprovisto de apoyo y proclive a la represión.

Esos mismos medios ignoran las denuncias de fuentes oficiales sobre la participación de diputados opositores en el financiamiento de los actos de violencia que provocaron el fallecimiento de varias personas.

De acuerdo con esas informaciones, personas capturadas por los órganos de seguridad al participar en los desmanes callejeros recibieron instrucciones y dinero de la derecha venezolana.

El alcalde del municipio Libertador de Caracas Jorge Rodríguez destacó que el gobierno tiene la obligación de defender los bienes y las vidas de las personas.

Sus señalamientos se asocian a informes del Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, en el sentido de que el asesino de una joven, quien recibió un impacto de bala, es miembro del partido opositor Vente Venezuela.

Si bien las investigaciones continuarán igual que en los casos de alegadas acciones desproporcionadas de efectivos del orden, NO se justifican los planes de llevar el país al caos.

El gobierno denunció a esas fuerzas conservadoras, vinculadas a hordas fascistas, para allanar el camino a una intervención extranjera, como procuran la OEA y su secretario general, Luis Almagro, en detrimento de la independencia y soberanía de Venezuela.

En nada ayuda a resolver el problema cuando otros gobiernos se pronuncian cotidianamente sobre la presente situación en Venezuela como si sus países fueran templos de la concordia.

Quienes así actúan deben recordar que los que protestan con el uso de la fuerza ya no tienen el argumento de que el Tribunal Supremo de Justicia asumió competencias de la Asamblea Nacional y limitó la inmunidad de legisladores, pues las sentencias fueron revertidas.

Los actores políticos venezolanos deberían responder al diálogo promovido una vez más por el ejecutivo nacional y encontrar las vías para trabajar en calma como necesitan la economía y la población.