por Roberto Morejón

La violencia desatada por la extrema derecha de la oposición en Venezuela ocasiona graves perjuicios por la pérdida de vidas humanas y las afectaciones a la economía, los servicios y las propiedades públicas y privadas.

A más de 60 asciende la cifra de muertos por los desmanes de los extremistas, quienes abandonan su gastado discurso pseudo-democrático para apelar a los instintos más bajos del ser humano.

Ahora bien, las acciones insólitas en las que culminan las protestas antigubernamentales iniciadas muchas veces en paz, envuelven al país sudamericano en una situación desconcertante, a pesar de los intentos de la fuerza pública de impedir el caos.

Lo que el gobierno constitucional califica acertadamente de manifestaciones fascistas y terroristas condujeron recientemente a atisbos de desabastecimiento de gasolina.

Los grupos vandálicos a las órdenes de la llamada Mesa de la Unidad Democrática atacaron escuelas, consultorios médicos y establecimientos de la cadena de mercado popular del Estado para paliar las carencias de alimentos.

Los exaltados --- jóvenes y encapuchados--- quemaron instalaciones del Metro de Caracas e inmuebles de los poderes públicos.

El presidente Nicolás Maduro exhibió un video de un joven detenido a quien le pagaron casi el equivalente de 30 mil dólares para destruir la sede del Poder Judicial.

Los fanáticos arreciaron los sabotajes financieros y los bloqueos para impedir, en un contexto de bajos precios del petróleo, que el gobierno nacional obtenga los recursos necesarios para recomponer el cuerpo económico del país.

El objetivo de la oposición desenfrenada es asociar las llamadas guarimbas o actos vandálicos a la guerra económica iniciada en 2013, con el contubernio de sectores de la empresa privada y Estados Unidos.

NO por casualidad, entre los operativos resalta la perturbación del mercado cambiario para generar una espiral inflacionaria que imponga costos cada vez más altos a la capacidad de compra.

El capital global y local así como la oligarquía y los políticos ultraconservadores se unen para debilitar el tejido social, económico y político de la nación.

En Venezuela se despliega una guerra contra los centros de abastecimiento de las misiones sociales del gobierno que atienden a la población en general y en especial a los sectores más vulnerables.

Los confabulados buscan aumentar la carencia de alimentos y medicinas y ahora de la gasolina para desatar la agitación social, obligar a la Guardia Nacional Bolivariana a actuar y después calificar esa respuesta como represiva.

Las corporaciones mediáticas internacionales se encargan del resto: sobredimensionar ante el mundo las dificultades internas de Venezuela y opacar el desenfreno terrorista.