Por: Roberto Morejón

La utilización de niños y jóvenes en los conflictos que generan violencia es motivo de denuncias a nivel internacional, y si bien ese fenómeno es más frecuente en África y Asia, también lo tenemos en Venezuela.

Las marchas opositoras que degeneran en el terror cuentan con infantes y adolescentes, colocados a la cabeza de los denominados grupos de choque, o sea, en la primera línea para enfrentarse a la Guardia Nacional Bolivariana.

Los jóvenes encapuchados portan bombas caseras y otros artefactos y algunos confesaron, después de ser detenidos, recibir financiamiento según el tipo de acción a perpetrar.

Varias fuentes apuntan a que los grupos políticos opositores captan a los infantes y, a veces, les dan drogas para desatar los desmanes planificados.
La televisión venezolana difundió imágenes de niños mientras reciben dinero a cambio de llevar piedras y gasolina que utilizan luego los adultos en las demostraciones antigubernamentales.

Medios de comunicación de tendencia opositora califican a los muchachos que intervienen o colaboran con los actos violentos como “niños de la resistencia” y admiten que nadie en las marchas pregunta la razón de esa presencia.

NO se interrogan al respecto a pesar de que esos infantes deberían estar en las escuelas, jugando en los parques o sentados delante de su ordenador.

Fuentes oficiales revelaron que de las más de 70 víctimas mortales contabilizadas a causa de los disturbios provocados por la oposición en Venezuela desde abril último, ocho eran menores de edad y 35 tenían entre 18 y 25 años.

El presidente Nicolás Maduro dijo que enviaría una carta al Papa Francisco para solicitarle su mediación a favor del diálogo entre el gobierno y la oposición e instara a la derecha a cesar el manejo de niños y jóvenes en sus protestas.

Si bien la intervención del Sumo Pontífice sería bienvenida, los dirigentes de la oposición deberían de inmediato ordenar a sus fuerzas beligerantes poner fin a tan macabro procedimiento.

Constituye un acto de hipocresía que muchos de ellos se manifiesten preocupados por la suerte de los jóvenes venezolanos cuando dan luz verde a su uso como instrumentos para instaurar el caos.

Al gobierno venezolano le asiste razón al presentar ante la UNICEF, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, pruebas fotográficas de menores de edad preparando bombas molotov en protestas violentas convocadas por la derecha.

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de ellos en conflictos armados prohíbe su reclutamiento forzoso y lo define como una de las peores formas de trabajo infantil.