Por María Josefina Arce
Los brasileños no quieren una reforma laboral que echa por tierra los logros obreros de los últimos años y así lo demostraron en la huelga general del pasado día 30, que se convirtió también en un reclamo de la renuncia del presidente no electo, Michel Temer.
Paralizaciones del transporte, bloqueos de calles y manifestaciones en las principales ciudades del país distinguieron al segundo paro general que enfrentó Temer desde que llegó a la presidencia por los sucios manejos contra la ex primera mandataria Dilma Rouseff, elegida en las urnas por más de cincuenta millones de brasileños.
La jornada de protesta tuvo lugar un día después de que la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía del Senado aprobara la polémica reforma laboral que propulsa Temer, quien la pasada semana fue acusado por la Fiscalía de corrupción pasiva.
Varios legisladores calificaron como un absurdo votar la propuesta cuando Temer es el primer presidente en la historia de Brasil denunciado por corrupción en pleno ejercicio de sus funciones y es además investigado por obstrucción de la justicia y asociación delictiva.
La reforma ha caldeado los ánimos pues el país enfrenta una recesión económica y una alta inflación, al tiempo que se ha disparado la tasa de desempleo que hoy afecta a más de 14 millones de brasileños.
Además, es fuertemente criticada por las centrales sindicales que consideran el proyecto de ley como una precarización del mercado laboral, en medio del proyecto neoliberal impuesto por el presidente golpista.
Tal es la polémica creada que incluso legisladores del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el partido de Temer, expresaron su total desacuerdo con el texto, que aumenta hasta doce horas la jornada laboral y confiere al patrón el poder de despedir, sin indemnización, a los trabajadores y simultáneamente contratar nuevos empleados con menores salarios y menores beneficios sin ninguna penalización legal para el empresario.
La propuesta aprobada por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía del Senado, había sido rechazada con anterioridad por la Comisión de Asuntos Sociales por considerar que contiene 12 puntos inconstitucionales, según el Ministerio Público del Trabajo.
Ahora el proyecto de ley, ya aprobado por la Cámara de Diputados, debe ser sometido a la consideración de plenario del Senado, donde requiere mayoría simple para ser sancionado, lo que buscan hacer lo más rápidamente posible los seguidores de Temer, pues el venidero día 17 el Congreso entra en receso.
El gobierno impulsa una serie de reformas con el argumento de recuperar la confianza de los inversores, como estrategia para sacar a la mayor economía latinoamericana de la peor recesión de su historia, pero que recae con fuerza sobre los sectores más humildes.
Después de haber aprobado la congelación del techo de gastos durante 20 años, que afectan a la salud y educación, el gobierno también está empeñado en reformas laborales y de jubilación que afectan seriamente a los brasileños y echan por tierra los logros de los últimos años.
